El Consejo de la Magistratura porteño modificó el reglamento judicial a instancias de un proyecto presentado por el consejero Marcelo Meis para permitir que durante las ferias se puedan cobrar cuotas alimentarias y honorarios profesionales sin necesidad de habilitación especial.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en el último plenario realizado el miércoles la modificación del artículo 1.4 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial (Resolución N° 152/1999), a partir de un proyecto impulsado por el consejero Marcelo Meis.
La iniciativa tiene como objetivo agilizar el cobro de cuotas alimentarias y honorarios profesionales durante la feria judicial, sin la necesidad de requerir habilitación judicial específica. De esta manera, se priorizan asuntos urgentes que impactan directamente en la vida de las personas y en la labor de los profesionales del derecho.
Con la modificación aprobada, se establece que los pagos y transferencias de sumas depositadas en cuentas oficiales a la orden de los juzgados —relacionadas con cuotas alimentarias y honorarios profesionales— serán considerados asuntos que no admiten demora, siempre que las órdenes estén firmes o consentidas dentro del período judicial hábil previo.
“Con esta modificación damos un paso importante para garantizar el acceso efectivo a la Justicia. Las cuotas alimentarias no pueden esperar, y los abogados merecen percibir sus honorarios sin dilaciones, incluso durante la feria judicial”, expresó el consejero Marcelo Meis, impulsor del proyecto.
Además, Meis destacó: “Esta medida reconoce la urgencia de determinados casos y otorga previsibilidad tanto a las familias que dependen de estos pagos como a los profesionales que continúan trabajando durante el receso”.
Finalmente, remarcó: “Asegurar que los pagos se efectúen sin demoras es una medida que promueve la justicia, el acceso a los derechos de los clientes, y la estabilidad de los profesionales del derecho. Esta decisión reafirma el compromiso con un sistema judicial más justo y equitativo; una Justicia que esté al servicio de las personas y no de los tiempos administrativos”.