La Legislatura de la Ciudad recibió un proyecto de declaración presentado por el legislador radical Francisco Loupias, con el acompañamiento de Thourte, Crucitta, Mola, Parry, Suárez y Barreto, en el que se expresa un enérgico repudio a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El texto denuncia la “conducta anticonstitucional” de la funcionaria por haber promovido allanamientos contra periodistas y un canal de streaming, en el marco de la filtración de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En los fundamentos, Loupias subraya que el accionar del Ministerio de Seguridad constituye un ataque directo a la libertad de prensa y a la protección constitucional del secreto de las fuentes. “El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia”, señala el proyecto.
Sin prensa libre, no hay democracia. pic.twitter.com/pZmAIg9Cd3
— UCR CABA (@UCRCapital) September 2, 2025
Para los firmantes, la ministra intenta amedrentar a la prensa en medio de graves denuncias de corrupción que involucran al oficialismo, incluso relacionadas con el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad. En este sentido, remarcan que la utilización de recursos judiciales contra periodistas constituye una maniobra para desviar la atención de los problemas que atraviesa la gestión nacional.
El proyecto también señala la contradicción de Bullrich, quien en 2014 calificó de “censura” un allanamiento similar cuando integraba la oposición, pero hoy, como ministra, promueve medidas que atentan contra la libertad de expresión. Asimismo, recuerda que la Corte Suprema ha sido clara en establecer que la difusión de información solo puede limitarse en casos excepcionales, como la protección de menores, y nunca de manera generalizada.
Finalmente, Loupias y los legisladores que lo acompañan solicitan el respaldo del cuerpo parlamentario para aprobar el repudio, advirtiendo que lo ocurrido representa “un intento repetido de vulnerar las máximas de la Constitución Nacional, el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa”.