Mientras el impacto del violento operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro en las favelas de Penha y del Complejo do Alemão sigue conmocionando a Brasil y al mundo, la amenaza del narcoterrorismo del Comando Vermelho comienza a proyectarse sobre la Argentina. La preocupación crece no solo por la violencia en las calles brasileñas, sino también por las ramificaciones financieras que esta organización criminal mantiene en distintos países de la región, incluido el nuestro.
Pero más allá del frente fronterizo, la amenaza ya se había instalado dentro del sistema financiero argentino. Una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) reveló que uno de los principales operadores financieros del Comando Vermelho llegó a mover más de 500 millones de dólares en criptoactivos dentro del país. Según el expediente, el dinero provenía de actividades ilícitas como narcotráfico, estafas y evasión impositiva.
El requerimiento de elevación a juicio oral acusó por lavado a diez personas, entre ellas Naly Pires Diniz, Raimunda Divina De Sousa, Selma de Lima Muñiz Barbosa y Felipe Gabriel Correia Goncalves. La justicia determinó que los acusados “conformaron una organización destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras (…) con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.
La operatoria, según los fiscales, consistía en recibir fondos del Comando Vermelho y aplicarlos en activos virtuales. La PROCELAC comprobó que esos recursos se depositaban en cuentas y billeteras digitales a nombre de Marcelo Alves de Sousa, identificado como líder de la estructura. En total, se rastrearon 84 millones de pesos, más de 303 mil dólares, 188 bitcoins (unos 13,6 millones de dólares) y 515 millones en USDT, una criptomoneda estable vinculada al dólar.
El dinero sucio también se blanqueaba a través de la compra de bienes de lujo. Autos de alta gama, propiedades en Buenos Aires y Capital Federal, además de grandes sumas de dinero en efectivo, fueron hallados durante los allanamientos. La finalidad, según el Ministerio Público Fiscal, era “otorgarle apariencia de legalidad a los fondos espurios utilizados para su adquisición”. Entre los bienes secuestrados figuran un BMW 330i, una Ford Ranger y un Volkswagen Vento, entre otros vehículos valuados en más de 130 millones de pesos.
El caso llegó al Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), que homologó juicios abreviados para ocho de los acusados. Recibieron penas de tres años de prisión en suspenso y multas que, en conjunto, ascienden a 2.460 millones de pesos. Sin embargo, otros cinco imputados, considerados los principales responsables, enfrentarán un juicio oral y público.
La sentencia también ordenó el decomiso de más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales y 4.500 euros. El entramado financiero del Comando Vermelho en la Argentina expone la creciente sofisticación de las organizaciones narcocriminales en el uso de criptomonedas y testaferros, un desafío que ahora se suma a las amenazas de seguridad regional.