El Consejo de la Magistratura de la Nación ha presentado al Gobierno un pedido de presupuesto para el año 2026 que asciende a $2.007.943.778.229. Este monto representa un incremento respecto al presupuesto del año anterior y ha generado un intenso debate político y económico en el país.
La solicitud fue aprobada por la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, con 15 votos a favor y 5 abstenciones. Más del 95% de este presupuesto está destinado al pago de sueldos, lo que ha sido motivo de discusión entre los distintos sectores políticos.
El presupuesto aprobado ahora será enviado al plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti, y posteriormente al Poder Ejecutivo para su remisión al Congreso de la Nación. Se espera que el debate sobre la asignación de recursos al Poder Judicial continúe en los próximos meses, en un contexto de creciente demanda de recursos por parte de los distintos poderes del Estado.
En ese derrotero los pedidos suelen sufrir recortes y ser aprobados por menos dinero del que el organismo solicitó.Los presupuestos contemplan cinco grandes ítems: gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y las transferencias.
Representantes del oficialismo han expresado su preocupación por el impacto fiscal de este aumento y han señalado que el Poder Judicial debe ajustarse a las restricciones presupuestarias del país. Por otro lado, desde la oposición se argumenta que el Poder Judicial requiere de los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento y evitar la sobrecarga de trabajo.
Traspaso de la Justicia a CABA
Además del presupuesto, en la misma sesión se debatió sobre el fallo “Levinas” de la Corte Suprema, que otorgó mayor poder de acción al Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, aclaró que el traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña corresponde a los “poderes políticos”.
En otro orden de temas, el Consejo resolvió suspender y enviar a juicio político al juez federal de Mar del Plata, Martín Poderti, acusado de haber robado 144 monedas de oro que estaban incautadas en una causa judicial cuando se desempeñaba como secretario de la Justicia Federal de San Martín.