La jueza federal María Servini le prohibió este lunes la salida del país a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acusado de ser uno de los principales operadores judiciales del gobierno de Mauricio Macri. La decisión se tomó en el marco de la causa que inició el empresario Fabián de Sousa contra el ex presidente y su entorno por “asociación ilícita”, al acusarlo de haber montado un plan de “pinzas” estatal y mediático para despojar al grupo Indalo de sus empresas.
Servini le prohibió la salida del país a Rodriguez Simon y le pidió a Migraciones que le informe sobre sus últimas salidas. La medida había sido solicitada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, apoderados de Fabián de Sousa. La jueza, sin embargo, no hizo lugar a la inhibición general de bienes, otra de las medidas pedidas por los querellantes.
En la resolución, la jueza explicó que ya “se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”. Y que en esas reuniones, el abogado allegado a Macri “se jactaba de representar o hablar en nombre del entonces Presidente de la Nación: “se decía representante del Presidente Macri o del Gobierno Nacional”.
Rodríguez Simón ya fue llamado a indagatoria para el 26 de mayo. Servini tomó la decisión cuando recibió un informe de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que analizó los llamados entrantes y salientes de su teléfono. Allí aparecen 10.738 llamadas que se concretaron entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019.
De ese informe surge que mantuvo 59 llamados con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, entre 2016 y 2018. Después figuran teléfonos asignados al Gobierno de la Ciudad, la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Energía, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, el estudio Tonelli o el procurador del Tesoro Carlos Balbín. Además se registran comunicaciones con estudios de abogados y empresas.
La intervención de las comunicaciones telefónicas en la causa de la “mesa judicial” desató una polémica. El planteo inicial sobre esas comunicaciones no abarcaba solo a Rodríguez Simón, sino también a Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner.
El expediente comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba preso. Allí acusó a Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado.