La Justicia porteña falló a favor del GCBA para que IRSA se apruebe

La Justicia porteña falló a favor del GCBA para que IRSA se apruebe

La Justicia en lo Contencioso Administrativo avaló el tratamiento del convenio poco antes de que lo tratara la Legislatura.


Este jueves a la mañana antes que la Legislatura porteña debatiera y luego terminara aprobando en primera lectura el convenio urbanístico entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para la construcción de edificios en la ex Ciudad Deportiva de Boca, la Justicia porteña le allanó el camino al oficialismo porteño.

El juez Luis Aurelio, del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, decidió rechazar el planteo del Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA, que objetaron el avance del proyecto en la justicia, al plantear que para la modificación del uso de esos terrenos era necesaria la realización de una audiencia pública, prevista en el artículo 63 de la carta magna de la Ciudad.

“El procedimiento parlamentario no ha concluido sino que se halla en desarrollo. Y la parte actora no ha explicado por qué entiende que suspender ese procedimiento sería la única o la mejor manera de resguardar los derechos que aduce afectados”, indicó el juez en los considerandos del fallo.

Con ese fallo, la justicia rechazó una medida cautelar y habilitó el tratamiento en la Legislatura porteña del proyecto de ley que busca crear las condiciones para el desarrollo de un proyecto inmobiliario de 250 millones de dólares en la costanera sur, en las inmediaciones de La Boca.

El proyecto denominado “Costa Urbana”, apunta a la construcción de viviendas, oficinas, locales comerciales, entre otros desarrollos.

Con anterioridad a este fallo, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Guillermo Scheibler, le ordenó al Gobierno de la Ciudad «suspender precautelarmente el trámite» del proyecto. Según el fallo del magistrado, el freno estará vigente «hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la ley 123 respecto del convenio urbanístico», entre ellas, la Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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