El miércoles de la semana pasada, después de cinco meses, el Tribunal Superior de Justicia porteño dio a conocer el resultado de la verificación de las firmas. Según informaron en una resolución que está colgada en su página web, la iniciativa popular cumplió con el procedimiento y, por lo tanto, la Legislatura deberá darle tratamiento a la propuesta de la ciudadanía.
En sus fundamentos, los magistrados Inés Weinberg, Alicia Enriqueta Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela Da Langhe y Santiago Otamendi sostienen: “Se ha obtenido el número de firmas representativo del 1,5% del padrón electoral de la Ciudad, en los términos de lo dispuesto en el Artículo N° 11 de la Ley N° 40 y no han surgido irregularidades que superen el 10% de las firmas verificadas”.
La iniciativa popular para crear un parque público en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco ingresó el lunes formalmente a la Legislatura porteña, donde deberá ser debatida en el plazo máximo de un año.
La iniciativa popular, que el lunes tomó formalmente estado parlamentario, fue impulsada por el Frente de Todos y varias organizaciones políticas y ambientales que buscan frenar el proyecto del Gobierno porteño para esas tierras: vender una parte y que allí se construyan edificios privados con viviendas, oficinas y comercios.
Con el ingreso formal de la iniciativa popular a la Legislatura, la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales deberá, en el plazo máximo de 20 días hábiles, dictaminar sobre su “admisibilidad formal, debiendo intimar a los promotores a corregir o subsanar los defectos formales”, dice la ley 40 de la Ciudad, que regula el tratamiento de este tipo de proyectos de ley.
El proyecto, avalado por más de 53.000 firmas de electores y electoras de la Ciudad de Buenos Aires, propone destinar ambos predios a la “construcción y emplazamiento de un parque público de acceso libre y gratuito, a cargo del Ejecutivo” local.
Para evitar la privatización, la iniciativa popular propone “abrogar” la ley del oficialismo porteño que a fines de 2019 autorizó la venta y que actualmente se encuentra judicializada.
Luego, podrá comenzar el tratamiento del proyecto en otras comisiones, donde podrá participar un miembro de las organizaciones promotoras, es decir las que reunieron las firmas.
De acuerdo a la ley 40, tras el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Legislatura “debe sancionar o rechazar” el proyecto “dentro del plazo de 12 meses”.