La Defensoría del Pueblo de la Ciudad pidió al Gobierno porteño que “adopte medidas urgentes” para restablecer el funcionamiento de las sedes de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) de las Comunas Dos y 13. En su requerimiento, el organismo dirigido por María Rosa Muiños aseguró que el cierre representa una “vulneración de derechos”, mientras que desde el Ejecutivo indicaron que los centros “están operativos” a través de la atención virtual.
La intervención de la Defensoría, que determinó la solicitud a la administración porteña, surgió tras recibir denuncias de vecinas que atraviesan situaciones de violencia de género, así como también recibieron notas de las Juntas Comunales manifestando preocupación a propósito del cierre del CIM de la Comuna 2 “Alicia Moreau” y el de la 13 “Macacha Güemes” que quedaron sin sede física, ni atención presencial desde fin del 2024.
En el texto enviado al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, se exige que garantice “de modo inmediato la continuidad con personal idóneo y adecuado y presupuesto suficiente” de ambos CIM. Estos dispositivos son espacios a donde las mujeres pueden acudir para obtener información y asesoramiento sobre sus derechos, como así también las herramientas necesarias para hacer frente a situaciones de violencia y lograr su empoderamiento.
La atención que ofrecen -y que funciona como una red de apoyo- incluye asistencia psicológica y social, orientación y patrocinio jurídico. Las mujeres pueden comunicarse con los CIM telefónicamente, por correo electrónico o personalmente. Una vez establecido el contacto, se pautan entrevistas presenciales.
Allí, pueden entablar vínculo con una trabajadora social, una psicóloga y una abogada en los casos en que sea necesario. El acompañamiento que recibe cada mujer es diferente y abarca desde una terapia individual, grupos de ayuda mutua y un canal de acercamiento con instituciones como escuelas, centros de salud, espacios de fortalecimiento laboral y económico, entre otros.
Su creación fue aprobada por una ley hace más de 10 años en la Ciudad de Buenos Aires y determina que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la existencia de “al menos” un CIM por cada una de las 15 Comunas existentes “hasta cumplimentar el máximo de uno cada 50.000 mujeres, con el fin de asegurar el acceso equitativo a estos servicios esenciales”.
Según fuentes de la Comuna, la salida de funciones desde diciembre de los dos CIM respondió a una presentación “de forma unilateral de rescisión del convenio” por parte de la asociación civil Mujeres como Vos-Programa de Liderazgo y Empoderamiento para las Mujeres, que gestionaba de forma asociada con el Gobierno porteño ambos centros.
“A partir de la rescisión, el Estado no adoptó las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, tal y como exige el marco normativo vigente”, advirtió, en diálogo con Noticias Urbanas, Silvina Pennella, directora general de Acceso a Justicia y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo porteña.
Pennella explicó que “la solicitud de reapertura inmediata se fundó en que estos centros son dispositivos esenciales para la atención integral de mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género, que deben garantizar la atención psicológica, el patrocinio jurídico y acompañamiento social de estas personas en contextos de violencia”. “Su función es absolutamente clave en el acceso a derechos y en el tránsito por la ´Ruta Crítica´”, dijo.
La “Ruta crítica” es el proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres, como así también las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones, cuando deciden romper el silencio en torno a la situación de violencia que sufren.
“El cierre de los CIM de estas Comunas vulnera, concretamente, el derecho de acceso a justicia, a la salud integral y a vivir una vida libre de violencias, que son derechos que están ampliamente receptados y consagrados tanto en la Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, en la ley 26.485 y en las convenciones internacionales”, subrayó Pennella.
Y advirtió que la medida “implica un grave retroceso en materia de políticas públicas de género, que se suma a otro conjunto de retrocesos que se viene dando en los últimos tiempos, vulnerando cada vez más el derecho de las mujeres y las disidencias”. “Su cierre, concretamente, pone a estas personas en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección”, reiteró.
El caso del CIM de la Comuna 13
El CIM “Macacha Güemes”, que estaba ubicado Vuelta de Obligado 1524 del barrio de Belgrano, en la Comuna 13; junto con el “Alicia Moreau”, localizado en Uriburu 1022 de Recoleta en la Comuna 2, atendieron a más de 10.000 mujeres y personas LGBTIQ+ en 2024.
La Comuna 13 –que agrupa a los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez- representa una de las zonas más pobladas de la Ciudad, con 264.385 habitantes, de los cuales 145.171 son mujeres, según cifras oficiales.
En marzo, en la Legislatura, el bloque de la UCR, a través de su jefa de bancada Manuela Thourte, exigió al Gobierno porteño conocer los motivos que llevaron a la salida de funciones del CIM de Belgrano. “La comunidad ha manifestado una profunda preocupación por la falta de información oficial sobre esta decisión, así como por las consecuencias directas que implica para la asistencia y protección de mujeres en situación de violencia de género”, denunció.
Recientemente, la Junta Comunal del norte porteño elaboró una nota mediante la cual propuso al Gobierno local dos localizaciones posibles para el regreso a la atención del CIM: una de ellas debajo del puente Pedro Bustos, en la intersección de Crámer y Jorge Newbery, donde funciona un vacunatorio del Ministerio de Salud; y la restante en alguno de los edificios con que cuenta el Playón de Colegiales.
Carolina Somoza, vecina del barrio e integrante del Consejo Consultivo, contó que tomaron conocimiento del cierre por un portal de noticias, lo que provocó que se acercaran a la sede Comunal, en donde su presidenta, Florencia Scavino, les informó que por el vencimiento del convenio con la asociación que manejaba el CIM y de la finalización del contrato de alquiler “habían decidido unilateralmente cerrarlo”.
“En teoría iban a buscar un alquiler cuanto antes. Pero seguimos esperando a pesar de que hace seis meses que ocurrió todo esto”, lamentó, A su vez, expresó su preocupación por la posibilidad que circula sobre que el CIM sea reubicado en el espacio situado debajo del puente Pedro Bustos al señalar que “esa es una zona bastante peligrosa”. “Sería bueno que sea un entorno lo más seguro posible, entendiendo que allí se va a asistir a personas que son víctimas de violencia, quizás incluso estén acompañados por sus niños”, evaluó.
Un tema que aún no encuentra una respuesta oficial
La contestación del Gobierno porteño sobre la situación de ambos CIM, no obstante, se hace esperar. En ese sentido, recién este martes 1 de julio el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, fue el encargado de ensayar una primera explicación del tema cuando brindó su exposición ante la Legislatura sobre la marcha de la gestión del PRO.
“La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un CIM por Comuna como lo establece la ley. Todos se encuentran operativos”, aseguró al ser consultado por los diputados. En el recinto parlamentario, el funcionario argumentó -sin mayores detalles respecto de la situación puntual de las dos Comunas- que los dispositivos “han comenzado a incorporar de manera progresiva la modalidad de asistencia virtual”, lo que justificaría la demora en la reapertura de los que fueron cerrados.
Para la directora general de Acceso a Justicia y Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo porteña, “una atención a distancia no es una atención en el marco de la normativa vigente que el Estado local debe respetar porque, desde la perspectiva de Derechos Humanos, la atención remota o derivada no garantiza igualdad de condiciones en el acceso a justicia y reproduce desigualdades estructurales al trasladar la carga de acceso a las propias víctimas”.
Según informaron las personas que se atendían en ambos CIM, los casos activos fueron derivados a los dispositivos de Comunas cercanas, con seguimientos a distancia por parte de la gerencia operativa.
“Desde la Defensoría entendemos que el cierre de los CIM no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un retroceso que se viene observando en materia de institucionalidad de género y políticas públicas de género en la Ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional”, manifestó.
Y concluyó afirmando que “desde el organismo ya hemos alertado sobre la subejecución presupuestaria en áreas claves, la falta de transparencia en el uso de los recursos y la falta de inversión estructural específica en materia de prevención de las violencias y asistencia primaria a mujeres y diversidades en contextos de violencia de género”.