La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha ratificado la suspensión de un proyecto para la instalación de un bingo en el partido de Escobar, propiedad de Daniel Angelici, una decisión que consolida la victoria de vecinos y organizaciones no gubernamentales que se oponían a la iniciativa. El fallo del máximo tribunal bonaerense avala la medida cautelar que paralizó una ordenanza municipal que habilitaba la construcción del complejo, argumentando graves irregularidades en su proceso de aprobación y una clara falta de transparencia.
La jueza Mónica Edith Ayerbe fue la primera en dictaminar la suspensión, criticando duramente la forma en que se manejó la aprobación del proyecto. En su fallo, la magistrada señaló que la ordenanza municipal fue sancionada sin los estudios de impacto ambiental correspondientes y sin convocar a audiencias públicas, elementos que consideró fundamentales para un proyecto de tal magnitud. Además, Ayerbe puso en tela de juicio la celeridad y la falta de participación ciudadana en el proceso de rezonificación del terreno.
La decisión judicial inicial fue un revés para el municipio de Escobar, que intentó revertir la medida cautelar sin éxito. Sus apelaciones fueron rechazadas en reiteradas ocasiones, consolidando la postura de los tribunales inferiores y sentando un precedente que finalmente fue respaldado por la Corte Suprema provincial. La insistencia de la administración local en defender la ordenanza fue interpretada por los opositores como una muestra de la presión política detrás del proyecto.
Con el fallo de la Corte bonaerense, el caso queda en manos de este máximo tribunal, que será el encargado de analizar la cuestión de fondo y tomar una decisión definitiva sobre la legalidad de la ordenanza municipal. La resolución de la Corte pone un freno definitivo, al menos temporal, a las intenciones de Angelici y sus socios, quienes deberán esperar la conclusión del proceso judicial para saber si podrán o no avanzar con la instalación del casino en Escobar.
La controversia ha expuesto las tensiones entre el desarrollo económico impulsado por el sector privado y las preocupaciones de los residentes sobre el impacto ambiental y social de estos proyectos. Este caso se ha convertido en un emblema de la lucha vecinal contra lo que consideran un avance desmedido y sin control. El desenlace del conflicto marcará un precedente importante para futuros proyectos de gran envergadura en la provincia.