La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves un planteo del Estado Nacional contra la medida judicial que obliga al Ministerio de Capital Humano a detallar un plan de distribución de alimentos almacenados para comedores comunitarios. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon “inadmisible” la queja presentada por la subsecretaria legal Leila Gianni, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos sin entrar en su fondo. Esta resolución deja firme la cautelar emitida por el juez federal Sebastián Casanello, quien exigió transparencia sobre el stock de productos, en medio de acusaciones de retención de mercadería esencial para la asistencia social.
En su fallo de primera instancia, Casanello reconoció que el destino final de los alimentos es una prerrogativa administrativa del Poder Ejecutivo, pero insistió en la elaboración de un plan que incluya tipos de productos, cantidades, fechas de vencimiento y población beneficiaria. El magistrado otorgó un plazo de 72 horas para informar el inventario completo, una orden que el Gobierno interpretó como una intromisión en sus facultades exclusivas. Gianni apeló la decisión, calificado al juez como “militante”, lo que escaló el caso a instancias superiores en un contexto de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial.
Hoy la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos que rechazan los intentos del gobierno y sus secuaces para sacarnos del medio en las causas.
1) Seguiremos siendo querellantes en la causa $Libra
2) ¿Se acuerdan de los alimentos que encanutó Pettovello y que la justicia ordenó… pic.twitter.com/4SUYJvDJNC— Juan Grabois (@JuanGrabois) December 5, 2025
La apelación llegó a la Cámara Federal de Comodoro Py, donde los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron la cautelar y criticaron al Ministerio por no pedir una prórroga en lugar de cuestionar la “intromisión” judicial. En una audiencia marcada por cruces verbales, Gianni y Grabois interrumpieron el debate, lo que el tribunal calificó de “inaceptable” e intimó sanciones a ambos. Los jueces enfatizaron: “El Ministerio parece dispuesto a acudir a cuantas instancias sea necesario para comprender que es atribución de este Poder del Estado controlar los actos de gobierno cuando afectan derechos fundamentales”, aclarando que el foco no era la política alimentaria, sino posibles irregularidades que agravaran la vulnerabilidad social.
En un voto aclaratorio, el juez Lorenzetti precisó que la inadmisibilidad no avala explícitamente las resoluciones inferiores, recordando el precedente del caso “Vidal”, donde la Corte evitó ordenar la distribución inmediata de alimentos. Así, el fallo mantiene la obligación de informar el stock, pero no impone la entrega forzosa de la mercadería. Fuentes del Ejecutivo indicaron que el Ministerio ya cumplió con la orden inicial y distribuyó los productos a provincias vía convenios, valorando el stock en millones de pesos y argumentando que el freno judicial complica la gestión en un escenario de ajuste presupuestario.
Este rechazo cierra la vía extraordinaria del Gobierno y marca uno de los primeros choques entre la administración de Pettovello y la Justicia en materia de asistencia alimentaria, en un año de roces institucionales bajo el gobierno de Javier Milei. Organizaciones sociales celebraron la decisión como un paso contra la opacidad, mientras que analistas advierten que podría inspirar más demandas sobre retenciones de fondos sociales, con la inflación y la pobreza superando el 50% de la población. Comedores del conurbano aguardan no solo el plan, sino acciones concretas, recordando que el hambre no se resuelve con debates procesales.
