Desde marzo de este año, la Ciudad de Buenos Aires implementa controles de ingreso en estadios de fútbol y recitales masivos para detectar a personas registradas como deudores alimentarios morosos. La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia porteño, busca visibilizar una forma de violencia económica y reforzar la corresponsabilidad social en el cumplimiento de los deberes parentales.
Esta política se enmarca en la Ley N.º 6.771, sancionada en diciembre de 2024 por la Legislatura porteña, que prohíbe el ingreso a estadios a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La normativa actualiza y profundiza la Ley N.º 269, pionera en el país, y representa un cambio de enfoque: no se trata de castigar, sino de reparar y concientizar.
“El objetivo es generar conciencia y visibilizar formas de violencia económica que suelen permanecer ocultas”, explicó el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia. Según datos oficiales, 7 de cada 10 progenitores incumplen el pago de la cuota alimentaria. El RDAM cuenta con más de 12.000 personas registradas, provenientes de convenios con 13 provincias, de las cuales 3.000 causas corresponden a juzgados porteños.
Desde el 16 de marzo se realizaron 17 controles: 16 en estadios de fútbol y uno en un recital masivo. Los operativos abarcaron partidos de alto perfil como los clásicos entre River y Boca, encuentros de la Selección Argentina y eventos en los estadios de Vélez, Huracán y San Lorenzo. Se detectaron 13 deudores intentando ingresar: 11 en estadios y 2 durante el recital de Los Piojos en el Estadio Monumental.
“El Ministerio de Justicia tiene prioridades claras, y una de ellas es el bienestar de los niños”, afirmó el secretario de Justicia, Francisco Quintana. Por su parte, el subsecretario Hernán Najenson justificó la extensión de los controles a recitales: “Es inadmisible que quien incumple con la obligación de alimentar a sus hijos priorice actividades recreativas”.
La medida apunta a reforzar la importancia del derecho alimentario como una garantía básica para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Al impedir el ingreso de deudores a espectáculos masivos, la Ciudad busca enviar un mensaje claro: nadie está por encima de la ley cuando se trata de proteger los derechos de la infancia.