El Auditor General Lisandro Teszkiewicz, de Fuerza Patria, fue categórico: “El Pro convirtió una política social fundamental en una cáscara vacía. No es un error de gestión, es un proyecto político pensado para excluir a quienes más necesitan. Gobiernan para el mercado inmobiliario, no para las familias trabajadoras que no tienen dónde vivir”, denunció.
El programa contemplaba subsidios, garantías y créditos a tasa subsidiada, pero fue mutando en distintas versiones —Garantía BA, Garantía +Fácil, Alquiler +Fácil, Refacción +Fácil— con una cobertura cada vez menor y un sesgo creciente a favor del mercado inmobiliario. Las cifras son elocuentes: de 1.650 familias inscriptas en Alquiler +Fácil, solo 59 accedieron; en Garantía +Fácil, 192 de 2.035; y en Refacción +Fácil, apenas 13 beneficiarios sobre 311 postulaciones.
Las principales razones de rechazo, según el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), fueron la falta de antecedentes financieros estables y los vencimientos de plazos burocráticos. Teszkiewicz cuestionó esos criterios: “Lo llaman alquiler social, pero es un filtro social para dejar familias sin casa. Los motivos de rechazo carecen de razonabilidad en el marco de una política social”, advirtió.
Otro aspecto señalado por la Auditoría es la desigual distribución territorial de los beneficios: la mayoría se concentró en zonas del norte y centro de la Ciudad (comunas 6, 7, 12, 13, 14 y 15), mientras que los barrios del sur —con mayor déficit habitacional— quedaron casi sin cobertura. A pesar de que más de 4.000 familias quedaron afuera, el Gobierno porteño no produjo informes de impacto ni evaluaciones de resultados.
La conclusión de Teszkiewicz fue contundente: “Mientras miles de familias viven con la angustia de no saber cómo pagar el alquiler, el Pro se dedica a ver con quién le conviene negociar en las próximas elecciones. Como en todas las áreas, la política del Pro no está hecha para resolver problemas sociales, sino para consolidar negocios privados sin control ni transparencia”, sentenció.
