En una declaración conjunta, representantes de las principales entidades de la abogacía nacional salieron al cruce de las críticas por la citación del juez civil Carlos Goggi ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
El pronunciamiento, firmado por Ricardo Gil Lavedra (Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal), Mariel Tschieder (Federación Argentina de Colegios de Abogados) y Juan Pablo Zanetta (Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires), busca aclarar el alcance de la medida y reafirmar la defensa de los honorarios profesionales.
Los firmantes subrayan que la citación no implica un cuestionamiento al contenido de las sentencias dictadas por Goggi ni al ejercicio de su función jurisdiccional. El eje de la preocupación radica en su reiterada insistencia —de oficio— en declarar la inconstitucionalidad de la ley 27.143, criterio que ha sido desestimado por tribunales superiores en numerosos fallos. Esta conducta, advierten, genera un dispendio innecesario de recursos judiciales, dilata los procesos y perjudica tanto a las partes como a los abogados intervinientes.
“La opinión personal puede ser preservada, pero debe coexistir con el respeto a lo resuelto pacíficamente por la Alzada”, señalan en el comunicado, en referencia a la necesidad de acatar criterios jurisprudenciales consolidados para garantizar eficiencia y previsibilidad en el sistema judicial.
🟦En defensa de los honorarios profesionales
✔️Ante manifestaciones públicas de diversas entidades cuestionando la citación del juez en lo civil Carlos Goggi dispuesta por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura se hace necesario aclarar que no se está…
— C.P.A.C.F (@CPACF) August 25, 2025
En paralelo, las entidades reafirmaron su compromiso con la defensa del derecho de los abogados y abogadas a percibir honorarios justos, conforme a lo establecido por la legislación vigente. Advirtieron que persiste una práctica judicial que, al regular honorarios, perfora sistemáticamente los mínimos legales previstos por la normativa arancelaria.
“Estas decisiones constituyen un incumplimiento legal que lesiona gravemente la dignidad profesional, compromete la seguridad jurídica y afecta el normal desenvolvimiento de la justicia”, alertaron, en un llamado a revertir una tendencia que consideran regresiva y perjudicial para el ejercicio de la abogacía.
Los referentes del sector también reivindicaron la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de derecho, pero advirtieron que dicha independencia no puede confundirse con la impunidad frente a conductas que entorpecen deliberadamente el curso de los procesos y erosionan la confianza ciudadana en la administración de justicia.
La declaración conjunta marca una nueva intervención pública de la abogacía organizada en defensa de sus derechos profesionales y del funcionamiento institucional del sistema judicial, en un contexto de creciente tensión entre distintos actores del ámbito jurídico.
