“Es una vergüenza que durante todo su mandato no haya remitido un solo pliego para cubrir la enorme cantidad de vacantes judiciales que existen”, expresó Gil Lavedra, excamarista que integró el tribunal que juzgó a los comandantes de la última dictadura.
Y advirtió: “Se está comprometiendo seriamente la justicia por la falta de cumplimiento de la Constitución Nacional, que obliga al Ejecutivo a remitir al Senado de la Nación las candidatas y candidatos para cubrir las vacantes de jueces”.
El documento, de nueve carillas, lleva las firmas de Gil Lavedra; del vicepresidente 1º de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Raúl Aguirre Saravia; de la presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestre; y del titular de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta.
Las entidades remarcaron que la falta de designaciones afecta el normal funcionamiento de la justicia y genera demoras que perjudican a la ciudadanía. El reclamo busca que el Ejecutivo cumpla con el procedimiento constitucional y envíe al Senado los pliegos para cubrir las vacantes, muchas de ellas en juzgados y tribunales clave.
Con esta presentación, la abogacía organizada eleva la presión política e institucional sobre el Gobierno, en un contexto en el que la parálisis en la cobertura de cargos judiciales se ha convertido en un punto de fricción entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial.
Contra la censura
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires emitieron un pronunciamiento conjunto en rechazo a la resolución del juez Alejandro Maraniello, que prohíbe la difusión por cualquier medio de audios atribuidos a Karina Elizabeth Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.
Las entidades advirtieron que, aunque la medida fue presentada como “provisoria y excepcional”, constituye “un claro supuesto de censura previa, abolida por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 32, e incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Recordaron que la Corte Suprema ha sostenido de manera constante que la libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el sistema republicano y que toda limitación debe ser interpretada de forma restrictiva, citando precedentes como Cantos, Servini de Cubría y Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén.
En el comunicado, los firmantes remarcaron que la libertad de expresión protege tanto el derecho individual a emitir ideas como el derecho colectivo a recibir información sobre asuntos de interés público. “No se trata de aspectos estrictamente privados, sino de hechos vinculados a la vida pública y al funcionamiento institucional de la República”, señalaron, y advirtieron que cualquier intento de silenciar información de este tipo “priva a la sociedad del derecho a ser informada”.
También subrayaron el rol esencial del periodismo y la necesidad de garantizar el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes. “Sin esas garantías, la investigación periodística se vería severamente afectada y con ella el derecho de la ciudadanía a conocer hechos relevantes”, afirmaron.
Finalmente, recordaron que existen vías legales posteriores —como acciones de daños, derecho a réplica o rectificaciones— para proteger derechos como el honor o la intimidad, sin recurrir a restricciones preventivas. “Imponerlas erosiona las garantías constitucionales y sienta un precedente regresivo en materia de libertades fundamentales”, concluyeron Ricardo Gil Lavedra, Rosalía Silvestre y Juan Pablo Zanetta, reafirmando su “compromiso indeclinable con la defensa irrestricta de la libertad de expresión y de prensa”.
