“Quienes integramos la lista de Confluencia somos los que frenamos la venta de 100 manzanas de tierra pública que el Pro y sus aliados querían entregársela a la especulación inmobiliaria, frenamos la venta del predio de Costa Salguero, nos enfrentamos al poder inmobiliario y frenamos torres ilegales, logramos que la justicia le ordene a la legislatura sancionar un Código Ambiental y también que la justicia obligue al gobierno a entregar agua potable en las villas porteñas y la prestación de otros servicios públicos”, le dijo a Noticias Urbanas, la candidata a legisladora porteña por Confluencia, María Eva Koutsovitis.
Usted es candidata a primera legisladora por un nuevo espacio político llamado Confluencia, ¿cómo definiría a esa nueva agrupación?
Nuestro espacio político, Confluencia, está integrado por quienes cotidianamente nos organizamos colectivamente para defender los derechos de quienes habitan la Ciudad. Somos el emergente de la vitalidad democrática de nuestra Ciudad, de las luchas ciudadanas por la defensa de la tierra pública, la costanera, el derecho a la vivienda, de los espacios verdes y del espacio público, por la planificación participativa que erradique la especulación inmobiliaria y la sobreconstrucción descontrolada, por la adecuada prestación de los servicios públicos y su desprivatización, por la educación y la salud pública. En definitiva, del buen vivir en la ciudad. Nuestras propuestas parten de años de discusiones y consensos logrados en el seno de las asambleas y las comunidades vecinales, desde que fundamos en primer lugar el Observatorio del Derecho a la Ciudad y luego El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y abordan los problemas estructurales de la Ciudad: la emergencia habitacional, ambiental, social y de seguridad. Creemos que estos problemas se solucionan poniéndole fin a la connivencia entre la corporación política que gobierna y los grandes poderes inmobiliarios y económicos, que hace décadas vienen saqueándonos.
Estamos convencidos que necesitamos planificar una Ciudad más justa y con más y mejor democracia: la democracia participativa. Quienes integramos la lista de Confluencia somos los que frenamos la venta de 100 manzanas de tierra pública que el Pro y sus aliados querían entregársela a la especulación inmobiliaria, frenamos la venta del predio de Costa Salguero, nos enfrentamos al poder inmobiliario y frenamos torres ilegales, logramos que la justicia le ordene a la legislatura sancionar un Código Ambiental y también que la justicia obligue al gobierno a entregar agua potable en las villas porteñas y la prestación de otros servicios públicos. Conseguimos soluciones habitacionales para cientos de personas en situación de calle y en emergencia habitacional.
¿Cómo caracterizas estos 18 años de gestión del Pro?
El Pro y sus aliados forman parte de una corporación política que hace casi dos décadas vienen junto al poder inmobiliario saqueando nuestra ciudad: vendiendo nuestra tierra pública, privatizando truchamente todos los servicios públicos, otorgándoles todo tipo de privilegios impositivos, quita de impuestos y subsidios a los grandes grupos económicos y despilfarrando los fondos públicos en pauta oficial para hacer autopropaganda de la gestión.
Quienes integramos Confluencia, desde el inicio del macrismo, venimos denunciando las políticas de ajuste y de saqueo que tienen como correlato un cotidiano de cada vez más precariedad para la mayoría las y los porteños. Durante la gestión de Larreta el presupuesto en salud y educación alcanzó los mínimos históricos, el macrismo privatizó 500 hectáreas de tierras públicas, de las cuales 150 eran espacios verdes públicos. Vendieron parte del Parque de la Ciudad y privatizaron el Parque de las Victorias para hacer un golf. Vendieron excepciones en la legislatura a las grandes desarrolladoras inmobiliarias para que puedan construir por fuera de lo permitido, los famosos convenios urbanísticos. Impulsaron la sobreconstrucción descontrolada, estallando el conjunto de barrios de casas bajas con la sanción del Código Urbanístico en el año 2018. Vimos como en 10 años se construyeron el equivalente a 5 Puertos Maderos de viviendas suntuosas que nunca fueron habitadas, sino que se utilizaron para lavar dinero de actividades extractivas e ilícitas.
¿Cuál son sus principales propuestas en educación y salud?
La gestión del Pro se ha dedicado a agraviar, despreciar y perseguir a nuestros docentes. Ha implementado reformas educativas diseñadas desde consultoras privadas, sin la intervención de la comunidad educativa. Esas reformas que fueron reemplazadas unas por otras sin ningún tipo de evaluación. La Ciudad, el distrito más rico del país, y con un presupuesto per cápita que duplica al de la Ciudad de Barcelona tiene salarios docentes más bajos que en muchos otros distritos del país, obligando a nuestras y nuestros docentes al pluriempleo. Nosotros impulsamos el debate y la sanción de una Ley de Educación para la Ciudad, que garantice la participación plena de la comunidad educativa en las decisiones educativas, como establece la Constitución. A falta de esta ley, el Poder Ejecutivo viene adoptando decisiones esenciales sin ninguna participación de las comunidades educativas. Proponemos terminar con el negocio de las concesiones de los comedores escolares para que vuelva a cocinarse todos los días en las escuelas, generando empleo y logrando que 200 mil estudiantes todos los días reciban alimentos de calidad nutricional. También impulsamos un proyecto de escuelas abiertas, para que a partir de las 18 horas se transformen en un proyecto cultural y deportivo.
Respecto a salud, hay un tema clave que es garantizar el acceso al agua potable a los 400 mil porteños que habitan los barrios populares. En el sur de la Ciudad, donde uno de cada tres habitantes vive en una villa o asentamiento sin acceso al agua potable, la mortalidad infantil se duplica y la esperanza de vida se reduce en casi 10 años con respecto a lo que sucede en el norte de la ciudad. En el sur de la Ciudad, en la Comuna 8, el 50% de sus habitantes se atienden en el sistema público de salud. Sin embargo, todavía no cuentan con un hospital de complejidad. Por eso, vamos a exigir que el Hospital Grierson sea un verdadero hospital de complejidad, como hace años vienen exigiendo los vecinos, para que atienda a los habitantes de la Comuna. Proponemos fortalecer la asistencia primaria de la salud en los CESAC y el reconocimiento profesional de las y los enfermeros. Estamos impulsando la creación de un laboratorio público de medicamentos, que entregue gratuitamente remedios a las y los jubilados que cobran hasta 5 jubilaciones mínimas.
¿Y respecto a la seguridad?
La Ciudad tiene el triple de policías cada cien mil habitantes que lo que recomiendan los estándares internacionales y el 75% de la ciudad se encuentra vigilada. Sin embargo, los delitos aumentan. Por lo tanto, para abordar la problemática de seguridad necesitamos terminar con la connivencia que existe entre parte del poder político, las fuerzas de seguridad y la mafia del delito. El gobierno permite que existan negocios donde se venden autopartes robadas, celulares robados y además incentiva la sobreconstrucción suntuosa de viviendas que nunca son ocupadas y que sabemos que es uno de los mecanismos del lavado del dinero del narcotráfico. Nosotros proponemos investigaciones eficientes, siguiendo la ruta del dinero del lavado. Proponemos la creación de una justicia vecinal y comunitaria que aborde los conflictos entre vecinos antes que éstos escalen y se transformen en delitos graves. Queremos en todos los barrios luminarias cada 30 metros y que el transporte público funcione 24 horas. Queremos una Ciudad que nos cuide.
¿Qué otro aspecto consideran relevante abordar, desde la Legislatura porteña?
Para nosotros es clave abordar la emergencia habitacional. Hoy, más de medio millón de porteños se encuentran en emergencia habitacional. Por eso proponemos la creación de un banco público de viviendas, que incorpore 10 mil viviendas por año para destinarlas en alquiler social, en comodato a quienes se encuentran en emergencia habitacional o como primera vivienda, mediante créditos blandos. Y eso es absolutamente posible, solamente ejecutando el 100% del presupuesto de la Ciudad. ¿Imaginemos que un departamento de 2 ambientes sea ofrecido entre 50 y 70 mil pesos en alquiler social? Automáticamente empieza a regularse el mercado inmobiliario. Y por supuesto que nuestra prioridad es también la sanción del Código Ambiental, que permita recuperar la costanera para que sea un parque 100% verde y público, abordar adecuadamente y con paradigmas modernos la problemática de las inundaciones urbanas, mejorar los espacios verdes y el arbolado público y mitigar el conjunto de impactos ambientales crecientes en nuestra ciudad: contaminación visual, sonora, problemas de polución.
¿Qué nos podrías contar de tu trayectoria?
Soy ingeniera civil especializada en hidráulica, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) y de la Universidad Tecnológica Nacional. Profesora en la Maestría de Tecnologías Urbanas Sostenibles y en la Maestría de Ingeniería Sanitaria FIUBA.
Coordino el área de investigación de “Desarrollo de Infraestructura en Zonas Vulnerables y Escenarios Complejos” de la FIUBA. Integrante del Consejo Asesor del Centro de Articulación Social de la FIUBA. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) y coordinadora de la división de Ingeniería Comunitaria y Social.
Coordino el área de Políticas Urbanas y Hábitat del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Me desempeñé como secretaria del Departamento de Hidráulica de la UBA y como consultora en temas de saneamiento de organismos nacionales e internacionales.
Soy directora de numerosos proyectos de extensión y autora de una extensa producción científico-técnica.
Pero lo más importante, es que trabajo junto con asambleas ciudadanas, vecinos autoconvocados, organizaciones sociales y movimientos territoriales en temas vinculados al acceso al agua potable, el saneamiento, al ambiente urbano y planificación urbana.
Fundé y coordino la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA. Dirijo la Secretaría de Hábitat del Frente Nacional Territorial de la CTA Autónoma.
Soy fundadora e integrante del Movimiento la Ciudad somos Quienes la Habitamos y del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
