El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eligió la vía del decreto para puentear al Poder Legislativo bonaerense y realizar una maniobra que despertó especulaciones: renovó cargos de la cúpula del Banco Provincia, en donde recalan propios y extraños. Más allá de la controversia en torno a las formas y la diferencia en el alcance de ambos decretos, la maniobra del gobernador generó ruido, fundamentalmente, por el momento elegido.
Apremiado por la situación económica de su provincia, hasta hace pocos días Kicillof estuvo labrando acuerdos con la oposición para darle luz verde a dos de sus iniciativas de cara al nuevo mandato: la ley impositiva 2024, que incluye una fuerte suba de impuestos; así como también la posibilidad de que la provincia contraiga deuda por más de 2000 millones de dólares.
Llamativamente, la iniciativa del gobernador cosechó el suficiente apoyo parlamentario y, con el aval de la oposición en ambas cámaras, los dos proyectos que buscan llevar alivio a las ajustadas arcas provinciales fueron aprobados en la noche del jueves. Con este antecedente inmediato, la sospecha recae en que la renovación de los mandatos de los jerarcas del Banco de la Provincia, en donde hay tres figuras de la oposición -dos de las cuales fueron alcanzadas por el decreto-, formó parte de las negociaciones que el oficialismo mantuvo con la exbancada de Juntos por el Cambio (Pro, UCR + Cambio Federal) que junto a algunos libertarios –en este caso en el Senado- sumaron su apoyo a la medida. En noviembre, la oposición -unificada- le había rechazado al gobernador un pedido de endeudamiento por 150 millones de dólares.
Como parte de esa negociación previa, el gobernador debió, en medio del tironeo con la oposición, atemperar el alcance de las leyes. En un principio, el aumento que el oficialismo proyectaba sobre el impuesto inmobiliario rural, un gravamen que tiene al campo como principal blanco impositivo, era de hasta un 300%. Finalmente, con la oposición mediando, se fijó un tope de 200% y un piso del 130% para el impuesto. La moneda de cambio con la que el gobernador sedujo a los jefes comunales del arco opositor fue la creación de un Fondo para Intendentes, un bolsón de 116.000 millones de pesos.
Sin embargo, el decreto del gobernador sugiere que las concesiones a la oposición no se agotaron en ese auxilio financiero. El directorio del Banco Provincia, que encontró nueva vida por la sola firma del gobernador, está integrado por nombres de su riñón, pero también por figuras de la oposición.
De esta manera, por el lado de los funcionarios cercanos al oficialismo se le renovó el mandato a Juan Cuattromo, al vicepresidente de la entidad, Daniel H. Barrera, y a los directores Humberto Vivaldo, Laura González y Sebastián Galmarini.
En lo que refiere a la oposición, dentro de la dirección están el radical Carlos Rodríguez, y los hombres del Pro Bruno Screnci -exministro de Gobierno porteño- y Santiago Nardelli, exdiputado bonaerense.
Desde 2019, quien preside el directorio del Banco Provincia es Juan Cuattromo, uno de los referentes en materia financiera en el equipo de Kicillof. Daniel Barrera, vicepresidente de la entidad, es un exconcejal de La Matanza, cercano a Fernando Espinoza -jefe comunal del territorio- y a Verónica Magario, que secunda al gobernador en la provincia desde su primera gestión. El director secretario, Humberto Vivaldo, fue funcionario de Hacienda en el municipio de Almirante Brown, bajo el mandato de Mariano Cascallares, del exFrente de Todos. Completan el directorio, el massista Sebastián Galmarini, Alejando Formento -de perfil técnico y ligado a Cuattromo-, y Rubén González Ocantos, extitular de banca agropecuaria de la entidad.
La justificación del gobernador para avanzar por sobre el Poder Legislativo, plasmada en el decreto, estuvo asociada a que el “normal funcionamiento” de un organismo clave se vería afectado si esos cargos no fueran cubiertos. “Las designaciones de los aludidos funcionarios deben ser dispuestas con acuerdo del Honorable Senado”, se lee en el decreto, que continúa: “Que hasta tanto se obtenga dicho acuerdo se torna necesario proveer las medidas tendientes a mantener la regularidad del funcionamiento del Estado provincial, cuya normal actividad podría llegar a verse impedida mientras no fueran cubiertos los cargos en cuestión, teniendo en cuenta las importantes competencias asignadas constitucional y legalmente a los mismos”.
La endeble situación financiera de la provincia se explica, en parte, con el hecho de que hasta antes del arribo de Milei, el gobernador recibía transferencias discrecionales giradas por el gobierno nacional, un desembolso que la nueva administración prometió reducir al mínimo. A su vez, la provincia, siendo la que más recauda y más aporta al Tesoro nacional, es la más perjudicada en el reparto de los fondos coparticipables, algo que Kicillof no pierde oportunidad de remarcar.
