Bianco contó que mantuvo un intercambio informal con Santilli mediante un mensaje por WhatsApp —“me puso una manito”, recordó—, aunque aclaró que aún aguarda una convocatoria oficial. La solicitud formal fue presentada “desde la semana pasada” por escrito a través de la mesa de entradas del ministerio correspondiente, con el fin de establecer un “esquema de trabajo” con la provincia más grande del país.
El reclamo principal radica en que la provincia reclama que el gobierno de Javier Milei revierta “casi $13 billones” de recursos —según el propio Bianco— que considera retenidos o recortados. Además, se exige que se reanuden obras como el dragado del tramo IV de la etapa II de la cuenca del Río Salado, que según la provincia “está totalmente neutralizada, parada, discontinuada… desde diciembre de 2023” bajo la órbita nacional.
Otro foco clave es la transferencia de la jurisdicción de la Autopista Presidente Perón hacia la provincia bonaerense, y la entrega de la jurisdicción de las aguas del Río de la Plata para concretar el dragado del canal Magdalena, una licitación que quedó en suspenso con el cambio de gobierno. Desde el oficialismo provincial se sostiene que esas obras, cuando estaban activas, beneficiaban de forma directa a zonas inundables y a la infraestructura vial del territorio bonaerense.
En conferencia de prensa junto al presidente del Banco Provincia @JCuattromo y el director ejecutivo de ARBA @cristiangirard repasamos datos de la coyuntura nacional y provincial y presentamos iniciativas de nuestro Gobierno. pic.twitter.com/XtAKgHcpnc
— Carli Bianco (@Carli_Bianco) November 10, 2025
La expectativa bonaerense también está puesta en que Santilli, una vez que asuma formalmente, confirme la reunión requerida. Bianco anticipó que le “contestará” cuando jure como ministro, aunque hasta ahora sólo hubo ese guiño digital. En paralelo, el nuevo ministro del Interior tiene agendada una agenda intensa de reuniones con gobernadores de distintas provincias, lo que podría ser una oportunidad para que Buenos Aires logre ser escuchada.
Desde la provincia se recuerda que en agosto de este año ya se había enviado a la Legislatura un proyecto que declaraba la “emergencia de la obra pública nacional” en el territorio bonaerense. En ese momento se planteó que, además de garantizar la continuidad de las obras, se facultara al gobierno provincial para rescindir contratos o retomarlos directamente, así como ejercer acciones jurídicas por fondos adeudados.
La gestión de Axel Kicillof se encuentra frente a una doble estrategia: exigir al Gobierno nacional que libere recursos pendientes y al mismo tiempo asegurar la transferencia de obras clave para la provincia. El desenlace de este pedido marcará un antecedente relevante en la relación entre Nación y la provincia de Buenos Aires, justo cuando el nuevo gobierno nacional encara reformas y reorganización de sus vínculos con los estados subnacionales.
