El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a ministros de su Gabinete y una treintena de intendentes peronistas, denunció en un comunicado la “condena injusta” del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por la Tragedia de Once.
Asimismo, acusó a la Justicia de ejercer una “persecución judicial” y pidió que le otorguen “prisión domiciliaria” al exfuncionario.
En el texto en “solidaridad con el compañero de Juicio de Vido”, los firmantes expresaron preocupación por la salud del exfuncionario, en línea con su familia que días atrás denunció las condiciones de detención en el penal de Ezeiza.
“La privación de su libertad pueda vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”, remarcaron. En ese sentido, solicitaron que reciba la atención médica necesaria y que se evalúe “con urgencia” la posibilidad de otorgarle la detención domiciliaria”.
En el comunicado los dirigentes peronistas también denunciaron un supuesto “lawfare”. “Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo”, sostuvieron.
Y concluyeron: “Consideramos imprescindible revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de Julio De Vido, garantizar sus derechos y adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para resguardar su salud e integridad”.
Entre los firmantes se encuentran los ministros Andrés Larroque (Desarrollo) y Walter Correa (Trabajo) y los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Lucas Ghi (Morón), Julio Alak (La Plata), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Juan José Mussi (Berazategui), Damián Selci (Hurlingham) entre otros.
Julio De Vido se entregó el jueves a la mañana en los tribunales de Comodoro Py y quedó formalmente detenido para comenzar a cumplir su condena en la causa por la tragedia ferroviaria de Once.
El exfuncionario fue hallado culpable de ser partícipe necesario en el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por el manejo de los subsidios al ferrocarril Sarmiento, cuya deficiente administración derivó en el choque contra el andén de Once ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.
