El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó una denuncia ante los tribunales federales de La Plata para que se inicie una investigación sobre el presunto espionaje en su contra. Esto ocurrió tras la revelación de que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había elaborado un informe que documentaba las actividades de líderes políticos opositores, sindicatos y hasta grupos de jubilados y personas con discapacidad que suelen manifestarse en defensa de sus derechos. Kicillof no fue el único en presentar una denuncia por el escándalo de la vigilancia ilegal: la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma también denunciaron a Javier Milei y al director de la SIDE, Sergio Neiffert.
Un documento titulado Hechos Previstos 09JUL25, que revela que la SIDE monitoreó las protestas sindicales, convocatorias en la calle y hasta eventos culturales programados para esa fecha. El 9 de julio fue un miércoles, un día habitual para las movilizaciones en la zona del Congreso organizadas por jubilados. Además, en ese día expiraba el plazo para la presentación de alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
La SIDE habría estado atenta a los movimientos de Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner justo antes del cierre de alianzas. Por eso, el gobernador decidió presentar una denuncia para que se investigue lo que ocurrió. “No tengo más información sobre lo sucedido. Sin embargo, la gravedad de la noticia y las circunstancias presuntamente ocurridas me llevan a formular esta denuncia para que se investigue”, menciona el documento presentado por Kicillof ante la justicia federal de La Plata.
La denuncia fue asignada al juzgado federal de Alejo Ramos Padilla, un magistrado con experiencia en la investigación de los servicios de inteligencia. En 2019, fue quien destapó una red de espionaje y extorsión encabezada por Marcelo Sebastián D’Alessio. Ramos Padilla también indagó el Proyecto AMBA, donde la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) estableció bases en la provincia para monitorear la actividad política y social.
Por otro lado, Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) presentaron una denuncia en los tribunales de Comodoro Py que apunta directamente a Milei, por ser quien establece los objetivos que guía el aparato de inteligencia. La presentación también solicita que se investigue a Neiffert, director de la SIDE. “Es esencial investigar estos hechos para aclarar la existencia de un esquema sistemático de espionaje ilegal que atenta contra derechos constitucionales fundamentales”, sostiene el documento.
La denuncia de ambas CTA cuenta con el respaldo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. En la presentación se subraya que la vigilancia no habría sido motivada por razones de seguridad del Estado, sino por motivos puramente políticos. El artículo cuarto de la ley 25.520 establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, simplemente por su raza, creencias religiosas, acciones privadas, u opiniones políticas, o por su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier ámbito”.
En su escrito, Yasky y Godoy enfatizaron que “la falta de investigación hacia quienes dieron órdenes o autorizaciones específicas representaría un grave daño a la democracia”. La denuncia de las dos CTAs fue asignada al juzgado federal de Julián Ercolini, quien se quedó con los expedientes de espionaje ilegal del macrismo que anteriormente se tramitaban en Dolores.
Un Estado en el que se realiza espionaje interno a opositores y dirigentes sociales se parece más a un régimen totalitario que a una democracia.
Lo denunciamos ante el Poder Judicial para impedirlo y defender el Estado de Derecho. pic.twitter.com/1KZURW5Wdk— Hugo Yasky (@HugoYasky) August 6, 2025
La inteligencia bajo el escrutinio
En julio del año anterior, Milei tomó la decisión de disolver la AFI y revivir la SIDE, rescatando un nombre que remite a la última dictadura y que perduró durante los primeros gobiernos democráticos, convirtiéndose en símbolo de los fondos reservados utilizados para operaciones en la política y la justicia.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024, Milei optó por dividir la SIDE en cuatro entidades desconcentradas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos.
No es este el primer escándalo asociado a la SIDE. Hace algunas semanas, surgió la controversia tras la divulgación de fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), documento que detalla los lineamientos del Gobierno en esta área. Se sospecha que el PIN permitiría la vigilancia de periodistas, críticos de la política económica y exterior, así como opositores en general. También se reveló, a través de un artículo de La Nación, que habría una directiva para monitorear “grupos vulnerables”, orden que se atribuye a Diego Kravetz, actual jefe de Operaciones de la SIDE desde principios de año.
Estos hechos fueron denunciados en junio por Paula Litvachky y Diego Morales, directivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En Comodoro Py, no ha habido un gran impulso para investigar el asunto. De hecho, la denuncia fue inicialmente dirigida al juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien decidió remitirla a su colega Sebastián Casanello, siguiendo la recomendación del fiscal Gerardo Pollicita. El caso está actualmente bajo la supervisión del fiscal Guillermo Marijuán.
¿Qué hizo el Poder Judicial en este tiempo con las denuncias por la violación a la Ley de Inteligencia?
🔴El sistema político tiene que decidir si va a habilitar o no la expansión del espionaje político.
— CELS (@CELS_Argentina) August 4, 2025
Pocas horas después de que se revelara la existencia del informe de la ASN, el diputado Facundo Manes presentó una solicitud en la causa que se abrió tras ser confrontado en pleno Congreso por Santiago Caputo, asesor presidencial y quien colocó a Neiffert en la SIDE.
Hasta el momento, no se ha conocido que alguna de las investigaciones haya avanzado. Todo esto ocurre en medio de una creciente tensión entre el Presidente y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien ha denunciado ser víctima de una campaña –orquestada por Lilia Lemoine, Nicolás Márquez y tuiteros alineados con Milei– con el objetivo de forzar su renuncia.
