Con el propósito de abordar un conjunto de iniciativas que constituyen un desafío político y fiscal para el Ejecutivo, una mayoría opositora podría “autoconvocarse” a una sesión en el Senado, sin necesidad de la notificación de Victoria Villarruel. La convocatoria abarcaría los proyectos relacionados con la reconstitución de las jubilaciones y la declaración de emergencia en materia de discapacidad, así como la automatización del giro automático de aportes a las provincias, el cual no fue discutido en comisión.
La mayoría opositora incluye, además del kirchnerismo, el respaldo de sectores afines a los gobernadores de la UCR, el Pro y el PJ, que incluso han colaborado con el gobierno libertario en las votaciones en el Congreso. Un tema que une a muchas provincias es la retención de fondos por parte de la Casa Rosada hacia sus distritos.
Para presionar al Ejecutivo, se han respaldado iniciativas que buscan obligar al gobierno nacional a automatizar la transferencia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y a modificar fondos y asignaciones del impuesto a los combustibles para su redistribución entre los distritos, las cuales cuentan con el apoyo de todos los gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
El primer proyecto incluye un artículo en la norma 11.672 —la ley permanente de Presupuesto— que establece que los “recursos que corresponden al régimen del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para las provincias” serán distribuidos “de manera diaria y automática”.
La segunda iniciativa propone la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte, y Sistema Vial Integrado, así como de los fondos Compensador del Transporte, Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y Nacional de la Vivienda. Los recursos “se distribuirán de acuerdo” con los artículos de la ley 23.548, que regula la Coparticipación Federal.
Los dictámenes sobre las propuestas para la reasignación de fondos a las provincias fueron firmados por José Mayans, líder de la bancada peronista; Eduardo Vischi, del radicalismo; Alfredo De Ángeli, del macrismo; y Carlos Espínola, de la bancada Provincias Unidas, aliada a los libertarios, entre otros.
Este conjunto de medidas fue convenido por los gobernadores hace dos semanas en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El Gobierno solicitó a las provincias que pospongan el tratamiento de las iniciativas y que faciliten la discusión de los textos en comisiones. Si esto no ocurre y las iniciativas son llevadas directamente al recinto, tendrán que ser aprobadas con dos tercios de los votos.
Respecto al paquete de jubilaciones, la sesión incluirá iniciativas que ya tienen aprobación en la Cámara de Diputados. Estas iniciativas abarcan el aumento del 7,2% en las jubilaciones y el incremento del bono para los haberes mínimos, que pasaría de $70.000 a $110.000, y que se actualizaría de acuerdo con la inflación, así como la extensión de la moratoria previsional que finalizó en marzo pasado.
La oposición también intentará incluir en el orden del día la declaración de emergencia en la asistencia pública a personas con discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, que fue aprobada en la Cámara baja. Esta declaración reformula las pensiones no contributivas y actualiza los aranceles.
Para frenar el golpe de una sesión “autoconvocada”, desde el Gobierno buscan coordinar una reunión de Labor Parlamentaria para tratar los proyectos sobre el envío de fondos a las provincias en reuniones plenarias y convocar a una sesión especial para la semana próxima. Sin embargo, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y presidente de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, se niega a permitir el tratamiento de las iniciativas en comisión.