“Desde nuestro espacio en la Ciudad de Buenos Aires venimos planteando con claridad que ningún acuerdo serio y sustentable puede darse con expresiones que representan extremos o prácticas antidemocráticas. Ni el kirchnerismo, con su lógica de poder concentrado y su tendencia a la cooptación de las instituciones, ni La Libertad Avanza, con su negación del rol del Estado y su visión individualista y autoritaria de la política, son caminos viables para una alternativa verdaderamente democrática, plural y moderna”, le dijo el vicepresidente de la UCR CABA, Juan Loupias, a Noticias Urbanas.
Afiliado radical desde desde 1983 con la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación, Juan Loupias fue secretario de Acción Política de la Juventud Radical de la Ciudad entre 1993 y 1995. También fue tesorero del Comité Capital entre 2003 y 2005 y miembro del Tribunal Electoral del partido entre 2021 y 2023. Desde marzo del 2024 es vicepresidente de la UCR de CABA.
En la entrevista con Noticias Urbanas además de hablar de la estrategia electoral de la UCR para la Ciudad también se refirió a los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei, entre otros temas.
Al definir la actual administración nacional fue contundente: “El actual gobierno de Javier Milei tampoco está logrando resolver los problemas de la gente, profundizando en cambio la incertidumbre y la tensión social”.
¿Frente a la elección de octubre en la Ciudad, qué cree que debe hacer el radicalismo porteño?
El radicalismo porteño tiene la enorme responsabilidad de liderar la construcción de una alternativa política amplia, democrática y moderna, que le devuelva a la sociedad una opción superadora frente a la grieta que hoy protagonizan el kirchnerismo y el mileísmo. Creemos que la salida de la polarización no se logra con más extremos, sino con una propuesta de centro que recupere el diálogo, el respeto institucional y una agenda enfocada en los verdaderos problemas de los porteños.
Desde la Unión Cívica Radical trabajamos activamente en la consolidación de un frente electoral que priorice el fortalecimiento de la educación y la salud pública, la seguridad ciudadana, el desarrollo económico con inclusión, la defensa de las instituciones republicanas y la recuperación de la paz social. El kirchnerismo no ha sabido dar respuestas a los conflictos estructurales de nuestra comunidad, y el actual gobierno de Javier Milei tampoco está logrando resolverlos, profundizando en cambio la incertidumbre y la tensión social.
Frente a ese escenario, el radicalismo tiene que ser una voz de equilibrio y sensatez. Nuestra tarea es clara: construir un proyecto que lleve tranquilidad en momentos de zozobra, que convoque desde la moderación, y que ofrezca soluciones concretas y sostenibles a los desafíos que enfrentamos como ciudad y como país.
¿Qué análisis hace de los resultados de las elecciones legislativas del 18 de mayo?
El radicalismo de la Ciudad logró un paso importante en las elecciones legislativas del 18 de mayo, al consolidar un frente propio que reafirma la identidad partidaria y profundiza el proceso de renovación que se inició en 2023 con la incorporación de nuevos legisladores y comuneros jóvenes. Esa renovación no es solo generacional, sino también de ideas, estilos y formas de vincularse con la sociedad.
Sabíamos que nos enfrentábamos a un escenario desafiante, marcado por una fuerte polarización nacional, por la creciente fragmentación del arco opositor y por la atomización de los partidos que alguna vez integraron Juntos por el Cambio. En ese contexto, el hecho de haber sostenido un frente coherente, con una propuesta clara y con nuevos liderazgos, fue una apuesta política valiente y necesaria.
El resultado, en términos electorales, no sorprendió: era previsible dada la nacionalización del clima político y la tensión entre extremos. Sin embargo, el objetivo principal fue reafirmar la identidad radical, sostener una línea política propia y proyectar una construcción a largo plazo. En ese sentido, el saldo es positivo: no se trató solo de contar votos, sino de seguir ampliando una base política joven, con vocación de futuro y con capacidad de representar una alternativa sensata y moderna en la Ciudad.
¿Cómo analiza la gestión de Jorge Macri?
La gestión de Jorge Macri llegó con la intención de marcar un cambio respecto del estilo que había caracterizado a los mandatos de Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, es una administración que busca instalar una nueva forma de gestionar la Ciudad. Sin embargo, es evidente que en ese proceso de transición le ha llevado tiempo consolidar una impronta propia y poner en marcha sus políticas.
La percepción general, y también la nuestra, es que hay varios aspectos de la gestión que aún no logran responder a las expectativas de los vecinos. Cuestiones como el mantenimiento del espacio público, la limpieza, la presencia de personal de seguridad en las calles o la falta de canales de diálogo para abordar ciertos conflictos sociales, generan preocupación. Un ejemplo concreto es la no implementación de la ley del boleto universitario extendido, aprobada por la Legislatura a fines de 2024, que todavía no ha sido puesta en marcha por parte del Ejecutivo.
Sabemos también que el contexto nacional es muy difícil, y que eso repercute en la gestión de todos los distritos, incluida la Ciudad. En ese marco, creemos que es clave fortalecer el diálogo institucional y trabajar en conjunto para dar respuestas concretas.
Desde el radicalismo siempre buscamos aportar con responsabilidad y con espíritu constructivo. Por eso hemos acompañado muchas de las iniciativas del Ejecutivo que consideramos valiosas para los porteños, al mismo tiempo que marcamos con firmeza aquello que creemos que no está bien. Nuestro compromiso es con una Ciudad más justa, ordenada y con oportunidades para todos.
¿Cómo ve la gestión de Javier Milei en lo económico y en lo político?
En primer lugar, me parece fundamental expresar nuestra preocupación por la forma de hacer política que ha adoptado el gobierno del presidente Javier Milei. Desde antes de asumir, y especialmente durante esta primer etapa de gestión, hemos observado un uso recurrente de la confrontación como herramienta política, con expresiones que muchas veces demuestran la descalificación personal y la negación del disenso, lo cual creemos que debilita el diálogo democrático.
Desde la Unión Cívica Radical tenemos profundas diferencias con muchas de las posturas que ha expresado el oficialismo, especialmente en lo que respecta al rol del Estado en áreas clave como la educación, la salud y la obra pública, entre otras. La idea de un “Estado cero” no solo nos resulta impracticable, sino que representa, a nuestro entender, un riesgo para la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades y libertad real para todos. Pensar que el mercado puede resolver por sí solo todos los problemas estructurales del país es, desde nuestra visión, un error conceptual enorme. Pero también sería un error creer que el Estado puede hacerlo todo en soledad. Lo que se necesita es equilibrio: un Estado eficiente y moderno, que cree condiciones para que el sector privado se desarrolle y que, al mismo tiempo, garantice derechos y equidad.
En lo económico, si bien es cierto que hay algunas señales de mejora a nivel macro —como cierta estabilidad en los indicadores financieros—, es importante ser prudentes. El punto de partida era extremadamente crítico, producto de una gestión anterior que dejó un panorama muy deteriorado. En ese contexto, la baja de la inflación mensual puede verse como un avance, pero no alcanza si la realidad cotidiana de las familias no mejora.
La verdad es que la microeconomía sigue golpeando con fuerza: los precios continúan subiendo, los salarios están muy por detrás de esa dinámica, y la pérdida de empleo es una señal de alerta que no podemos ignorar. Por eso insistimos en que no alcanza con ordenar las cuentas: hacen falta políticas públicas claras que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas, proteger el tejido social y acompañar a quienes hoy están más afectados por la crisis.
A esta situación se suma un aspecto profundamente alarmante: el ataque sistemático a derechos conquistados, a instituciones clave del sistema democrático y a sectores vitales para el desarrollo del país. El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, aprobada por amplísima mayoría en el Congreso, no solo fue un acto de desapego institucional, sino también una muestra del desinterés por preservar un sistema universitario público, gratuito y de calidad que es orgullo nacional. A esto se suma la decisión de desfinanciar políticas científicas, culturales y sociales fundamentales, con un fuerte impacto en el Conicet, en los espacios de producción artística, y en programas sociales que acompañan a los sectores más vulnerables.
También nos preocupa seriamente el clima de hostigamiento hacia quienes piensan distinto. Hemos visto cómo periodistas, académicos, estudiantes e investigadores son estigmatizados públicamente por sus opiniones o por el solo hecho de ejercer su rol con mirada crítica. La libertad de prensa es un pilar esencial de cualquier democracia saludable, y no puede estar sujeta a ataques ni condicionamientos por parte del poder político.
En este contexto, resulta especialmente preocupante el trato hacia las mujeres y la falta total de una agenda de políticas de género. No hay interés en sostener ni fortalecer los mecanismos de prevención, ni en promover la igualdad real en el acceso a oportunidades. El desmantelamiento de áreas clave vinculadas a los derechos de las mujeres es una señal muy negativa, que nos retrotrae a discusiones que creíamos saldadas como sociedad.
Desde el radicalismo vamos a seguir defendiendo con firmeza la democracia, la educación pública, la libertad de expresión, el derecho a disentir, y la necesidad de un Estado que acompañe, que proteja y que construya futuro con justicia social.
¿Qué rol debe tener la UCR a nivel nacional?
La Unión Cívica Radical tiene por delante un desafío crucial: consolidarse como una fuerza política nacional con identidad clara, coherencia ideológica y vocación de transformación. En este contexto de fragmentación política y crisis de representación, es imprescindible que el radicalismo defina con firmeza cuáles son los límites políticos y electorales que está dispuesto a respetar para no desdibujar su razón de ser.
Desde nuestro espacio en la Ciudad de Buenos Aires venimos planteando con claridad que ningún acuerdo serio y sustentable puede darse con expresiones que representan extremos o prácticas antidemocráticas. Ni el kirchnerismo, con su lógica de poder concentrado y su tendencia a la cooptación de las instituciones, ni La Libertad Avanza, con su negación del rol del Estado y su visión individualista y autoritaria de la política, son caminos viables para una alternativa verdaderamente democrática, plural y moderna. Ambos modelos han demostrado ser incapaces de construir consensos amplios ni soluciones estructurales.
El radicalismo debe ser protagonista de una propuesta superadora, de centro democrático y republicana. Eso requiere trazar fronteras claras que no se crucen por especulación electoral o conveniencia coyuntural. La gente no necesita más confusión ni más pragmatismo vacío: necesita claridad, coherencia y coraje político. Es tiempo de poner en valor nuestras banderas históricas y ser muy firmes en la construcción de un proyecto nacional con aliados que compartan nuestros principios, no simplemente nuestras encuestas.
Al mismo tiempo, reconocemos que la Argentina es un país profundamente diverso. Por eso es fundamental respetar la autonomía política de cada distrito, sobre todo en aquellas provincias donde el radicalismo gobierna. Las decisiones deben tomarse siempre con la prioridad puesta en el bienestar de los ciudadanos, atendiendo a las realidades particulares de cada región. La heterogeneidad del país no debe ser una excusa para relativizar nuestra identidad, sino una oportunidad para mostrar que el radicalismo puede dar respuestas distintas con una base común de valores.
En un contexto de fuerte desafección con los partidos tradicionales, el radicalismo tiene la posibilidad —y la obligación— de reconstruirse desde el territorio, con protagonismo de sus dirigentes, con una renovación generacional real y con propuestas que vuelvan a conectar con la sociedad. Esto no se logra renunciando a nuestras ideas ni buscando atajos: se logra reafirmando nuestra identidad, cuidando nuestros límites y demostrando que estamos a la altura del país que queremos representar.
¿Cómo ve la situación de las universidades?
La situación de las universidades públicas en nuestro país es crítica, y lamentablemente no es fruto del azar, sino de una decisión política deliberada del actual gobierno nacional. Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei y muchos de sus funcionarios han demostrado no solo desinterés por el sistema universitario, sino un desprecio abierto por su existencia. Se ha llegado incluso a plantear que las universidades públicas “no sirven” o que “solo generan déficit”, una visión profundamente equivocada que atenta contra uno de los pilares más valiosos de nuestra sociedad.
Desde la Unión Cívica Radical rechazamos con total firmeza esas posturas. La universidad pública en la Argentina ha sido, históricamente, una herramienta fundamental de movilidad social, inclusión, desarrollo científico y construcción de ciudadanía. Representa una de las mayores conquistas de nuestra democracia y es reconocida en toda América Latina por su calidad académica, su autonomía y su vocación formativa. Negar ese rol o ponerlo en cuestión desde una lógica exclusivamente económica es desconocer el valor estratégico de la educación superior en el progreso de un país.
El desfinanciamiento que está sufriendo el sistema universitario es alarmante. Hoy muchas universidades apenas pueden sostener su funcionamiento básico: mantener abiertas las aulas, pagar servicios, y sostener a su personal docente y no docente, gracias más a la vocación y compromiso de quienes integran la comunidad universitaria que a un respaldo real del Estado nacional. Los salarios docentes, en muchos casos, se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y eso es inaceptable en un país que quiere crecer con igualdad y con conocimiento.
Además, el gobierno ha instalado discursos falaces para justificar esta política de ajuste. Se ha dicho, por ejemplo, que las universidades no rinden cuentas, lo cual es absolutamente falso. Las universidades nacionales están auditadas por organismos de control, su presupuesto se discute en el Congreso y son evaluadas periódicamente. Este tipo de declaraciones no solo son incorrectas, sino que buscan desprestigiar a las instituciones públicas para avanzar con una agenda de desmantelamiento.
Defender la universidad pública no es solo una causa sectorial: es una causa nacional. La educación superior gratuita y de calidad es una herramienta esencial para construir un país con más igualdad, más oportunidades y más futuro. No se trata de sostener estructuras por tradición, sino de invertir en el conocimiento como motor del desarrollo económico y social. Hoy más que nunca, es responsabilidad de toda la dirigencia política —sin importar el partido— ponerse del lado de las universidades, de sus docentes, de sus estudiantes y de su historia.
¿Cómo ve el tema del Hospital Garrahan?
Lo que ocurre con el Hospital Garrahan es una muestra concreta y dolorosa de una agenda de gobierno que viene avanzando sobre lo público con un nivel de insensibilidad muy preocupante. Tal como vengo señalando a lo largo de esta entrevista, el desfinanciamiento no es solo una consecuencia de una crisis económica general, sino una decisión política. Lo más grave es que ese desmantelamiento apunta justamente contra lo que sí funciona, contra instituciones públicas que han sido ejemplo de excelencia, compromiso y equidad. El Garrahan es, sin duda, uno de esos casos paradigmáticos, al igual que lo son nuestras universidades.
El Garrahan no es un hospital más. Es un centro de referencia nacional en pediatría, donde se curan miles de niñas y niños de todo el país, en muchos casos provenientes de familias que no tienen ninguna otra posibilidad de acceder a un sistema de salud de calidad. En un país tan desigual como el nuestro, el Garrahan representa un verdadero acto de justicia social y un ejemplo concreto del rol que debe tener el Estado: garantizar derechos esenciales, como el derecho a la salud.
Hoy este hospital está atravesando una situación crítica. Los salarios del personal de salud, al igual que los del ámbito educativo, son verdaderamente catastróficos. Estamos hablando de profesionales que trabajan con la vida de los demás, que dan todo de sí en condiciones muy difíciles, y que aun así son desoídos, subestimados y muchas veces directamente atacados por las autoridades nacionales. A eso se suman graves problemas de infraestructura, falta de insumos médicos y una disminución del presupuesto que pone en riesgo la atención misma.
Lo más alarmante no es solo la falta de inversión, sino la deshumanización con la que se responde desde el gobierno nacional. Ante los reclamos legítimos del personal de salud, la respuesta ha sido la negación, el desprecio y el ataque. En lugar de escuchar y construir soluciones, se desacredita al que reclama, se estigmatiza al que trabaja, y se desvaloriza una institución que representa lo mejor del sistema público argentino.
Lo que está en juego acá no es una disputa presupuestaria, es un modelo de país. Uno en el que los hospitales como el Garrahan no tienen lugar, o uno en el que se los defiende y fortalece como emblemas de un Estado que cuida, que abraza, que protege. Desde la UCR creemos que no hay futuro sin salud pública, y que defender al Garrahan y otros tantos establecimientos es defender la dignidad, la equidad y la vida misma.
¿Qué opinión tiene sobre lo que está sucediendo con Cristina Fernández de Kirchner?
En primer lugar, es fundamental reafirmar un principio básico del sistema democrático y republicano: los fallos judiciales se respetan. Nadie está por encima de la ley, y eso incluye a cualquier dirigente político, sin importar el cargo que haya ocupado o el peso simbólico que tenga en la historia reciente del país.
Dicho esto, también es cierto que se trata de una situación institucionalmente compleja. No es una buena noticia para la Argentina que una ex presidenta, con un rol protagónico en la política de los últimos veinte años, termine condenada por la Justicia. Pero más allá de las interpretaciones políticas que puedan hacerse, lo central es que las instituciones funcionen con autonomía, sin presiones, y que los procesos judiciales se desarrollen con garantías, transparencia y respetando el debido proceso.
Es clave no politizar las decisiones judiciales. Los tribunales no pueden ser utilizados ni como instrumentos de persecución ni como escudos de impunidad. La independencia del Poder Judicial debe ser cuidada por todos los sectores políticos, incluso —y sobre todo— cuando sus fallos nos resultan incómodos o nos interpelan.
Además, en este caso hablamos de un fallo que fue revisado por las instancias correspondientes y que llegó a la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad del sistema judicial argentino. Por eso creemos que hay que ser respetuosos del Estado de derecho y de los mecanismos institucionales, sin caer en discursos que debiliten la confianza pública en el sistema democrático.
La Argentina necesita más institucionalidad, no menos. Y eso se logra con reglas claras, con justicia independiente, y con una dirigencia que actúe con responsabilidad frente a los hechos que atraviesan a toda la sociedad
Para finalizar, ¿qué reflexión haces sobre la situación actual de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires?
La Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento de cohesión y madurez política muy valioso. Hace años que venimos construyendo un camino de unidad real, dejando atrás las disputas internas para concentrarnos en lo esencial: generar propuestas, consolidar una agenda propia y representar de forma genuina a los porteños.
Hoy los distintos sectores que integran la orgánica del partido en la Ciudad trabajan como un solo equipo. Esa unidad no es producto del azar, ni de una sola decisión dirigencial, sino el resultado de un proceso sostenido, en el que la militancia ha tenido un rol fundamental. Nuestros comités están presentes en cada barrio, con una enorme diversidad de miradas y trayectorias, acompañando a los vecinos con vocación de servicio y cercanía. Esa territorialidad, tan propia del radicalismo, nos sigue dando identidad y legitimidad.
La unidad para mí es un valor central. Nos permite atravesar este contexto desafiante con fortaleza, con claridad política y con objetivos comunes. Y en eso, la UCR CABA ha dado un ejemplo. Más allá del resultado electoral reciente, sabemos que el partido ha superado momentos mucho más difíciles y que lo importante es mantener el rumbo, con convicción y trabajo. No nos asusta un resultado: nos impulsa a redoblar el esfuerzo para seguir creciendo y representar cada vez mejor.
Además, desde la UCR porteña trabajamos de manera articulada y permanente con todas las organizaciones internas que forman parte activa de nuestra vida partidaria: la Organización de
Trabajadores Radicales (OTR), Franja Morada, UCR Diversidad y la Juventud Radical. Cada una de ellas aporta una mirada particular, un compromiso real con sus sectores de representación y una energía indispensable para el futuro del partido. El vínculo cotidiano con estas organizaciones fortalece nuestra capacidad de acción, de formación política y de construcción colectiva.
Estoy convencido de que si seguimos por este camino —con unidad, con propuestas, con presencia territorial y con apertura— vamos a fortalecer aún más al partido y a estar a la altura del rol histórico que siempre tuvimos: ser una herramienta de transformación al servicio de la sociedad.
