La resistencia judicial se manifiesta pese a los fallos previos que reconocieron la autoridad de la Justicia porteña sobre ciertos temas. Fuentes oficiales destacan que la oposición proviene tanto de jueces que temen perder poder como de sectores vinculados a la Asociación de Magistrados, quienes ven esta transferencia como una amenaza a su independencia.
Jorge Macri ha señalado que la integración efectiva de estos jueces al sistema judicial local es clave para consolidar la autonomía y eficiencia de la Justicia porteña. Desde la oposición local, cuestionan que esta falta de voluntad obstaculiza la implementación de una justicia más ágil y cercana a la ciudadanía.
En paralelo, la presidenta del TSJ CABA recalcó que la jurisdicción porteña necesita contar con los operadores judiciales competentes y disponibles para atender las causas locales. Según su visión, el actual status quo distorsiona la cadena de resolución de casos y postergaba trámites indispensables para los vecinos.
Este conflicto judicial adquiere relevancia en el contexto del fortalecimiento institucional de la Ciudad, que aspira a consolidar su autonomía operativa en el campo judicial. La reubicación de jueces nacionales a la órbita local se enmarca en una estrategia que busca una justicia más especializada y eficiente para CABA.
Aunque la Casa Rosada y el Senado aún no se manifestaron públicamente sobre esta resistencia judicial, el debate se perfila como un capítulo más en la disputa por la distribución de poderes entre Nación y Ciudad. Macri y el TSJ consideran que resolver este escollo es un paso necesario para avanzar en una justicia más independiente en la capital.
