El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri informó este miércoles que presentará un recurso de apelación contra la decisión judicial que obliga al gobierno de la Ciudad a restablecer el financiamiento del traslado de cartoneros desde el conurbano a la Ciudad, cooperativas en su mayoría vinculadas al dirigente social Juan Grabois. En un post en X, el jefe de Gobierno calificó la resolución como “insólita” y sostuvo que afectaría “los intereses de los porteños”.
La medida judicial responde a un amparo presentado por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) luego de que, hace un mes, la Ciudad anunciara que dejaría de costear el sistema de transporte que permitía a cientos de recuperadores desplazarse diariamente para realizar tareas de recolección diferenciada. El Ejecutivo porteño defendió la decisión como parte de una política para “desarmar un sistema” que, según sus autoridades, se había vuelto parte del problema.
La jueza a cargo de la cautelar —Alejandra Beatriz Petrella— ordenó la restitución del servicio para más de 3.500 recuperadores, al considerar que la suspensión se había dispuesto “sin un acto administrativo válido” y en términos que rozan la arbitrariedad. La resolución exige que el traslado de material reciclable y el transporte de los trabajadores vuelva a ser financiado por la Ciudad.
La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano.
Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños.
Hay cosas que antes se hacían y con nosotros no se hacen más.— Jorge Macri (@jorgemacri) September 3, 2025
Desde la gestión porteña el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, rechazó la interpretación de la Justicia y defendió la reforma anunciada: dijo que se busca construir un “esquema transparente, justo y eficiente” que ponga a todas las cooperativas bajo las mismas reglas y evite beneficios discrecionales pagados por el Estado. El gobierno sostiene que el cambio apunta a mejorar el sistema de reciclado y su gobernanza.
La decisión judicial y el anuncio de la apelación llegaron en un contexto de fuerte protesta de algunas cooperativas afectadas: hubo movilizaciones y una huelga de hambre que duró cuatro días. Además, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal emitió un pronunciamiento en respaldo de los recuperadores, subrayando la necesidad de reconocer y proteger las formas de trabajo que sostienen a muchas familias.
Macri afirmó que recurrirá la cautelar y planteó la discusión en términos políticos, al asegurar que no volverá a financiar prácticas que su gestión considera irregulares o ineficaces. La apelación abrirá un nuevo capítulo judicial y político sobre cómo se financia y organiza el servicio de traslado de recuperadores en la región metropolitana y sobre la forma en que la Ciudad compatibiliza la formalización del trabajo con las demandas sociales de los colectivos involucrados.
