La encuesta fue realizada en colaboración con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES) y el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En esa línea, hay datos que son preocupantes; entre ellos se destacan que el 38% de los encuestados que presenta problemas vive en Capital Federal y hay un 35% que vive en una habitación o convive con otra familia para no quedar en la calle. Asimismo, solo el 50% aseguró la existencia de un contrato firmado con el locatario.
Al respecto, Noticias Urbanas conversó con Leandro Vera, integrante del equipo de investigación del CELS, quien explicó la lectura que se hizo a partir de los datos recogidos.
¿De qué tratan sus informes?
Producimos información de hogares inquilinos desde hace dos años. Las encuestas que hacemos son telefónicas y a varios inquilinos de AMBA, de las que recientemente se publicaron los resultados del 2022. Lo que vemos es que la situación de endeudamiento para poder sostener el alquiler es cotidiana. Los inquilinos, para poder priorizar el gasto en el alquiler, que es lo único que no podés patear, piden prestado a familiares, bancos o financieras y demás.
¿En años anteriores era similar?
En el 2020 lo que pasaba era que, como había un decreto por la pandemia que los inquilinos podían deber de alquiler y no los iban a desalojar, ahora sin el mismo piden dinero a quien fuera. La particularidad es que gran parte de ese dinero prestado se utiliza para pagar el alquiler. En septiembre de 2020 casi la mitad de los inquilinos, un poquito más, debía alquiler, pero en noviembre del 2022 sólo debe el alquiler el 19%. Lo que hay es mucho más endeudamiento.
¿Cuáles son los principales problemas?
Casi la mitad de las personas que viven en el AMBA cambia de vivienda por motivos que son ajenos a su voluntad, por ejemplo, se tienen que ir a lugares más chicos, a convivir con otra familia, pero en la renovación se ve el cuello de botella. La vivienda en alquiler no forma parte de la política pública de vivienda, es decir, para quienes toman decisiones en la política, sean legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo, la vivienda en alquiler no forma parte de las posibilidades de cómo uno accede una vivienda. Eso hace que, frente a situaciones de aumentos de demanda o de rentabilidad, los inquilinos tengan que tomar decisiones en detrimento de sus intereses.
¿Cómo cuáles?
En los últimos tiempos está aumentando tanto la vivienda en Airbnb como las ofertas de hoteles dolarizados. Pero los inquilinos no tienen ningún lugar donde quejarse, no hay ningún lugar donde uno pueda decir “che, esto está pasando”. Hay seguramente más herramientas del Estado para quejarse si no llega a funcionar tu celular, que para quejarse si el alquiler es ilegal, no te cobran lo que corresponde o te cobran de más. Todo esto sucede frente a la ausencia de una mejor política.
¿Ninguna herramienta se implementó desde el Estado?
En las últimas semanas hubo anuncios del Gobierno de la Ciudad para, supuestamente, poder sortear estas barreras de ingreso al ofrecer créditos. Para nosotros ese tipo de políticas no dialoga con la realidad de los inquilinos que, como se comprobó, están endeudados y no son una solución de fondo. La discusión en la Legislatura presentó datos con respecto a qué cantidad de gente efectivamente tomó esos créditos y es muy muy baja. Casi 50.000 usuarios entraron en la página y para el Programa de Garantía dieron 150 aprobaciones, de igual forma para los créditos destinados a afrontar los gastos de ingreso fueron 105 inscripciones aprobadas. Si tenemos en cuenta que son más o menos un millón de personas las que alquilan, 105 es nada.
¿Les llamó la atención el porcentaje de personas que deben mudarse con otra familia?
Bastante, de hecho, no tenemos cómo compararlo, porque ese dato es la primera vez que lo preguntamos. Observamos el fenómeno antes del informe, que había la posibilidad de que hubieran personas cohabitando. Es decir, personas que alquilan una pieza, una pieza con un baño, además de la modalidad de inquilinato, que está consolidada.
¿La situación laboral afectó el ingreso a la vivienda?
Encontramos que en el 2022 los inquilinos trabajan más que en el 2021. Es decir, las personas que buscaban empleo en el 2021 se redujeron porque ahora están empleadas, pero sin embargo tienen que destinar más porcentaje de esos ingresos para poder pagar el alquiler. Entonces, a la problemática de ingresos, costos de alquilar y demás gastos, podría ser que la contestación dé una alta tasa de cohabitación. Pero es un dato que se tiene que preguntar nuevamente, no obstante, en los barrios vulnerables esto ocurre de mayor forma.
De cara al futuro próximo, cabe señalar que el 47% de los encuestados manifestó que seguirá los próximos seis meses en el mismo lugar, un 5% no quiere renovar, a un 14% le gustaría, pero no puede hacerlo, el 17% deberá irse antes de que termine el acuerdo y un 17% no sabe qué hará. Sin duda, muchas de estas decisiones y posibilidades se verán modificadas con lo que ocurra en los próximos días que transcurrieron en medio de una fuerte crisis económica que, por lo visto, hará todo más difícil.
En el medio, hubo una ley de alquileres que no funcionó y fue derogada, desplazada por la alta tasa de modalidad especulativa en el sector inmobiliario. El Estado intervino, pero los intereses de los depredadores del mercado primaron por sobre los de los inquilinos y neutralizaron el intento de ponerle sensatez al mercado.
¿Hasta cuándo?