Después de esta decisión, su abogado Gregorio Dalbón invitó a “todas las personas no familiares que deseen visitarla” a enviar una solicitud formal al tribunal para obtener autorización.
La solicitud se convirtió en 702 correos electrónicos que fueron enviados al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 por diversas personas. Como resultado de estas solicitudes, los jueces indicaron que la autorización debe ser solicitada por Cristina Fernández y pusieron a disposición de sus abogados los correos electrónicos.
La reacción de uno de los abogados de la expresidenta, Gregorio Dalbón, no se hizo esperar: “El TOF 2, en vez de responder con humanidad, respondió con burocracia: “las visitas las tiene que pedir ella”. Ridículos. ¿También quieren que pida permiso para saludar por la ventana? ¿O que mande una carta certificada si quiere recibir a Lula? No es justicia. Es venganza con membrete judicial”.
La primera decisión que tomó el Tribunal
En la resolución emitida por el Tribunal el lunes 23 de junio, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso atendieron el escrito presentado por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. En este, el letrado solicitaba que se levantara la restricción sobre las visitas que puede recibir la exmandataria. Argumentó que, al ser una “persona con vida social”, no se le deberían imponer límites a las visitas que puede recibir en su departamento ubicado en el barrio de Constitución.
En la decisión, los magistrados indicaron que la solicitud de la expresidenta constituía un incumplimiento claro de las normas de conducta establecidas anteriormente, el 17 de junio, al momento de otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria. En esa resolución inicial, el tribunal había establecido que Cristina debía presentar en un plazo de 48 horas hábiles una lista con los nombres de familiares, abogados, médicos y custodios autorizados para acceder a su hogar. Cualquier otra visita que no perteneciera a estas categorías necesitaría una autorización especial.
La defensa cumplió con dicho requisito el lunes, al presentar un listado cuyo contenido solicitó que se mantenga en confidencialidad. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con esta formalidad, también subrayó la necesidad de flexibilizar el régimen de visitas. Según argumentó Beraldi, las personas que cumplen una pena en su domicilio particular conservan todos los derechos constitucionales que no se ven directamente afectados por la condena. Para la defensa, limitar las visitas más allá del grupo básico es una medida que infringe el principio de reserva establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Los abogados presentaron un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación sobre la decisión relacionada con la entrega de un listado restringido de familiares, abogados, custodios y médicos que pueden ingresar sin autorización previa para visitar a la detenida. Si esta decisión del Tribunal se confirma, se “restringirían los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner al condicionar su interacción con otros dirigentes a una autorización judicial previa”, explicaron.
Además, argumentaron que “la regla de conducta fundamental en los casos de prisión domiciliaria se limitaba a cumplir con la restricción de movimiento durante toda la duración de la condena”.
Los abogados afirmaron que “cualquier limitación adicional implicaba una facultad complementaria que no estaba contemplada en la normativa”.
Ahora, con esta nueva resolución de los jueces, será Cristina Fernández quien deba solicitar la autorización. Hasta que la Cámara de Casación Federal se pronuncie sobre el tema de las visitas, la ex jefa de Estado solo podrá recibir a las personas que figuran en la lista que se presentó el lunes 23 ante el Tribunal.
