Human Rights Watch, la organización internacional que promueve la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, aseguró que en Formosa se adoptan medidas abusivas en sus centros de aislamiento, instalados como medida preventiva contra el coronavirus, y denunciaron que hay una restricción a la libertad de expresión a quienes quieren informar lo que sucede en la provincia.
En un comunicado de prensa, la organización manifestó que el gobierno de Gildo Insfrán “ha utilizado medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del Covid-19”.
En ese marco, Human Rights Watch (HRW) sostuvo que desde el ejecutivo provincial restringieron el trabajo de la prensa que quería cubrir lo sucedido en la provincia, además de reprimir a quienes protestaban contra las medidas restrictivas y limitar la posibilidad de los habitantes de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica.
“Desde abril de 2020, más de 24.000 personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”, aseveró HRW en conjunto con los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.
En su descripción, la ONG afirma que las autoridades de Formosa mantenían aisladas a personas con resultados positivos y negativos en el mismo lugar. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, afirmaron los especialistas en derechos humanos.
Desde HRW realizaron entrevistas telefónicas a 45 personas en Formosa entre médicos, abogados, periodistas y confinados en los centros de aislamiento. “Las personas confinadas en estos centros no pueden salir, están en general bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones”, confirmaron desde la ONG sobre los testimonios y la información que recolectaron en la provincia del norte.
Luego afirmaron que a partir de la visita del secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, los días 27 y 28 de enero, desde el ejecutivo provincial cerraron algunos centros de aislamiento y modificaron algunos protocolos. En marzo, y a partir de una orden judicial, la provincia autorizó los viajes hacia sus ciudades.
La organización no se mostró conforme con el desempeño de Pietragalla. “Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins recomiendan al gobierno del Presidente Alberto Fernández trabajar con el Congreso para designar a un defensor que asegure credibilidad, independencia y evaluaciones confiables sobre las condiciones de los derechos humanos en Formosa y en el resto del país”, concluyeron los especialistas.