El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) denunció públicamente que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ingresó con violencia al barrio Rodrigo Bueno para despojar a un vecino de un depósito que, según el ODC, le pertenece por derecho. “El IVC quiere apropiarse con violencia de un depósito y golpeando a los vecinos que tienen derecho por Acta a estar allí”, afirmaron desde la organización.
El conflicto se originó por la posesión de un depósito que forma parte de un Acta Acuerdo firmada entre el vecino y el propio IVC durante la gestión anterior. Según el ODC, esa acta garantiza el uso legítimo del espacio por parte del habitante afectado. Pese a ello, el organismo habría procedido sin notificación formal ni orden judicial.
“El IVC está cometiendo un delito al realizar este despojo forzoso de un espacio donde el vecino tiene derecho a estar y ni siquiera cuenta con ninguna orden judicial”, advirtió el Observatorio. Desde la entidad también señalaron que la intervención fue realizada “por la fuerza y con violencia”, y remarcaron que no se respetaron las garantías mínimas de legalidad.
El vecino afectado, cuya identidad no fue difundida por razones de seguridad, exige simplemente que se le otorgue otro espacio en condiciones equivalentes, tal como lo establece el acuerdo firmado. “El vecino sólo pide que le den otro espacio como dice el acta y que eso quede por escrito”, insistió el ODC.
Para la organización, se trata de un caso de “injusticia total por mano propia del IVC”, y lo enmarcan en un patrón preocupante de atropellos institucionales en barrios populares en proceso de reurbanización. “El accionar del IVC vulnera no solo los derechos del vecino, sino también el espíritu del proceso de integración socio-urbana que la ciudad debe garantizar”, señalaron.
El Observatorio pidió la inmediata intervención de organismos de derechos humanos y del Poder Judicial para frenar lo que consideran un acto ilegal. También solicitaron a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que se expida y actúe frente a un desalojo que, según denuncian, sienta un precedente peligroso para otras familias que habitan en condiciones similares.