“El mundo del trabajo actual requiere marcos normativos que brinden certidumbre y previsibilidad, así como la adecuación a los profundos cambios tecnológicos de la sociedad en que vivimos. El propósito del gobierno expresado en la nota de elevación del proyecto de reforma laboral, es el de modernizar la legislación del trabajo, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica entre trabajadores y empleadores”, señaló el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad, Ricardo Gil Lavedra, al referirse al proyecto de reforma laboral.
“Sin embargo, resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras”, agregó.
También afirmó que “resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo. Así, la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”.
Además, aseveró: “Es preciso que la reforma propuesta no vacíe de contenido el rol compensador del Derecho del Trabajo, ni debilite sus principios. Una reforma de carácter regresivo que soslaye estas asimetrías, desmerezca el rol de la negociación colectiva y prescinda del diálogo social tripartito, lejos de promover el empleo decente, fomentará la judicialización y aumentará la inseguridad jurídica, desalentando el anclaje de inversiones y perjudicando a la actividad productiva”.
“Cabe señalar que es deber institucional de los tribunales inferiores seguir lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ello no puede imponerse por vía legal en materia laboral, pues afecta la independencia judicial. Es deber de este Colegio señalar que no puede menoscabarse la tarea de los abogados y abogadas mediante la imposición de riesgos derivados de su actuación profesional o bien reduciendo injustificadamente sus honorarios”, explicó.
Para finalizar, expresó: “Existe un reclamo ciudadano por una reforma laboral que elimine trabas para el desarrollo productivo y que actualice una legislación pretérita frente a los requerimientos de la sociedad actual; y el Colegio Público de la Abogacía porteño entiende que los legisladores y legisladoras deben ejercer su responsabilidad con apego estricto a los principios constitucionales, entendiendo que solo el respeto a la dignidad del trabajo humano permitirá construir una reforma moderna y sostenible”.
