El Gobierno porteño desalojó este lunes por la mañana una propiedad a metros del estadio Movistar Arena y de la cancha de Atlanta, en Villa Crespo, que había sido ocupada ilegalmente durante la pandemia del coronavirus.
El inmueble, ubicado en Humboldt 286, fue devuelto a sus dueños originales quienes lo reclamaron ante la Justicia. En el operativo intervino la Policía de la Ciudad y personal del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat.
Este fue el desalojo número 410 de la actual gestión, para terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar bienes públicos y garantizar el cumplimiento de la ley.
“Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público. Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley”, sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. “Vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad, para llevarle más seguridad y tranquilidad a los vecinos: eso no se negocia”, agregó.
Días atrás la Ciudad también devolvió a su dueño una vivienda ubicada en Nueva Pompeya que estaba tomada desde hacía 15 años, desalojó un ex hotel en San Telmo y recuperó en el cruce de la avenida Paseo Colón y San Juan un predio donde funcionaba de manera irregular un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera el dirigente Raúl Castells. Tenía el permiso vencido desde hacía 12 años.
A los desalojos que viene llevando adelante la Ciudad se suman la liberación de veredas y plazas ocupadas para la venta ilegal. Ya se realizaron 10 megaoperativos contra manteros en Once, Flores (en la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. También se desmantelaron feriales ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.
Además, durante esta gestión se intensificaron los trabajos para prevenir, combatir y terminar definitivamente con los “trapitos” en la vía pública. Y se envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas contra quienes extorsionan a los automovilistas, los amenazan y les impiden estacionar libremente.
