Este miércoles, jubilados y jubiladas se movilizaron frente al Congreso de la Nación para reclamar mejoras en sus ingresos y defender sus derechos, en medio de una situación económica crítica que afecta principalmente a los adultos mayores. La protesta fue pacífica, pero nuevamente se encontró con la represión de las fuerzas de seguridad bajo la supervisión de la ministra Patricia Bullrich.
La Policía Federal y Gendarmería desplegaron el protocolo antipiquete, utilizando gases lacrimógenos y golpes para dispersar a los manifestantes. Muchos de los presentes estaban en la vereda cuando fueron presionados por los uniformados y obligados a desplazarse bajo condiciones de riesgo.
Varios jubilados resultaron golpeados y algunos necesitaron asistencia médica. Además, un manifestante fue detenido sin que se explicaran los motivos. La situación generó indignación entre los presentes y sus familiares.
🚨 🇦🇷 En este momento la policía está tirando gases sobre jubilados y jubiladas que como todos los miércoles marchan en paz para pedir al gobierno nacional que aumente la jubilación porque no tienen para comer ni comprar remedios. pic.twitter.com/lAytjgeEVh
— El Prensero (@El_Prensero) October 1, 2025
La represión ocurre en un contexto de creciente tensión social, poco después de hechos que conmocionaron al país, como el femicidio de tres jóvenes. Las organizaciones sociales y los propios jubilados cuestionaron la prioridad de las fuerzas de seguridad, señalando que deberían proteger a víctimas de delitos graves en lugar de reprimir a quienes solo buscan condiciones de vida dignas.
La ministra Bullrich ha recibido críticas recurrentes por su manejo de las protestas y por autorizar operativos considerados desmedidos y violentos. La situación plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.
Por su parte, las organizaciones de jubilados anunciaron que continuarán las movilizaciones hasta que se garanticen respuestas concretas a sus demandas, dejando en evidencia la tensión entre las autoridades y los sectores más vulnerables de la sociedad.