La justicia inició una investigación penal a un funcionario del área de salud por la contratación de una empresa de sistemas que habría sido favorecida por una obra social intervenida por el Estado. El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció la operación y solicitó que se indagué la intervención de la firma en cuestión en la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF), que está bajo control estatal desde diciembre de 2023.
El vínculo controvertido comienza en agosto de 2021, cuando la empresa SAAS SAU fue creada y su director inicial era Juan Manuel Picón. Luego, en marzo de 2024, Picón ingresó al órgano que regula las obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), primero como gerente operativo y en julio fue ascendido a gerente general.
Lo que alerta a la fiscalía es que apenas cuatro meses después de la salida de Picón de SAAS SAU, la misma empresa fue contratada el 10 de julio de 2024 por la OSPIF, ya intervenida por la SSS. El hecho de que quienes supervisan estén vinculados a la empresa contratada genera un fuerte cuestionamiento de incompatibilidad funcional.
Desde la SSS se defendieron alegando que Picón “vendió su participación” antes de asumir en el organismo, y que al tiempo de iniciar sus funciones no mantenía “interés patrimonial directo o indirecto” en SAAS. Según esa versión, se habrían cumplido los principios de transparencia e imparcialidad.
Fentanilo contaminado.
Brote de dengue.
Recortes al Garrahan.
Coimas en discapacidad.Que todos los desastres de este gobierno no hagan pasar desapercibida la pésima gestión del ministro de Salud, Mario Lugones. Hoy dictaminamos su interpelación en el Senado. No vamos a dejar…
— Mariano Recalde (@marianorecalde) October 1, 2025
Sin embargo, la denuncia sostiene que los hechos demuestran un vínculo entre Picón y la firma SAAS SAU, junto con la contratación por parte de la intervención designada para la OSPIF, todo bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional. Es decir, se investiga una posible maniobra ilegal que excede la mera incompatibilidad.
El expediente fue sorteado, y la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Ahora la fiscalía debe decidir si impulsa la investigación formal.