En una sesión convocada por la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 71 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, respondió el martes a las preguntas de los legisladores sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra. La interpelación tuvo lugar tras la resolución del cuerpo legislativo del pasado 8 de abril, que promovió la conformación de una comisión investigadora para esclarecer los hechos.
La jornada parlamentaria estuvo signada por la tensión, en especial por la ausencia de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que generó fuertes críticas desde la oposición. Ambos habían sido convocados a la sesión, pero se excusaron por razones de agenda. En su carta, Cúneo Libarona explicó que su inasistencia se debía a “compromisos urgentes asumidos previamente”. Por su parte, Caputo aseguró que “el Ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $Libra”.
Las ausencias de ambos funcionarios provocaron que el inicio de la interpelación se retrasara cerca de dos horas. Durante ese lapso, se vivieron cruces encendidos en el recinto. El diputado radical Pablo Juliano reclamó ante Menem, “presidente, no distraiga con artículos, no se haga el distraído. Es clara la moción. ¿Qué hace este Congreso cuando los ministros miran para el costado y dicen tener problemas de agenda? Le están faltando el respeto al pueblo argentino”. En sintonía, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, exigió que se convocara nuevamente a los ministros ausentes. “No quisiera que pase como si nada. Es un hecho grave”.
La defensa de Francos
Ya en el recinto, el jefe de Gabinete comenzó su exposición con la lectura de un documento oficial, en el cual negó cualquier tipo de relación entre el presidente y el proyecto Libra. “Conforme lo ha expresado el propio presidente de la Nación, las cuestiones relativas al criptoactivo Libra no versan sobre hechos o actos de gobierno. Es importante remarcar que el presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la Libertad y/o la moneda Libra”, sostuvo. También afirmó que “no existe ni existió ninguna relación del presidente o los funcionarios del Gobierno con las personas y los emprendimientos aludidos”.
Francos agregó que el Estado nacional no tiene ni tuvo participación alguna en la génesis del token. “El Estado nacional no ha tenido injerencia, responsabilidad, compromiso ni beneficio respecto a este proyecto, sus promotores o sus resultados. Como consecuencia, muchos de los pormenores del proyecto son ajenos al conocimiento del Poder Ejecutivo”.
Respecto de la comisión investigadora, creada por el impulso de la oposición, el jefe de Gabinete cuestionó su constitución. “Este tipo de montajes no contribuye al fortalecimiento democrático ni al esclarecimiento de los hechos; por el contrario, distrae la atención del Congreso respecto de los debates que verdaderamente impactan en la vida de los argentinos”, advirtió.
Las acusaciones cruzadas
En otro tramo de su exposición, Francos hizo referencia al alcance de la comisión investigadora. “En un Estado de Derecho, la división de poderes debe respetarse para garantizar el funcionamiento institucional. Para ello, la función de las Comisiones Investigadoras debe encontrarse subordinada a las competencias propias del Poder Legislativo, no pueden transformarse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”.
Más adelante, el funcionario aseguró que el Gobierno se encuentra “comprometido con la transparencia” y dispuesto a brindar toda la información disponible. “Aportará toda la información necesaria a los fines de esclarecer los hechos ocurridos”. No obstante, destacó que “no aceptaremos la extralimitación de las facultades del Congreso para el montaje de un tribunal mediático, cuya única finalidad sea el rédito político o la especulación electoral”.
Durante su presentación, el funcionario también abordó las razones por las que el presidente Milei se reunió con los impulsores del proyecto. Confirmó que el mandatario se encontró con el empresario singapurense Julian Peh, con el estadounidense Hayden Mark Davis y con el argentino Mauricio Novelli, este último señalado como nexo entre los inversores y el jefe de Estado. No obstante, el funcionario subrayó que esos encuentros fueron de carácter personal y que no implicaron contraprestaciones económicas.
El impacto político y judicial del caso $Libra
En ese sentido, Francos explicó que “al presidente le informaron de un proyecto que permitiría dar facilidades, inversiones en pymes que no conseguían financiamiento y le pareció una buena idea y difundió el tema. No intervino ni sabía cómo se iba a llevar adelante”. El funcionario aclaró que el respaldo público de Milei se limitó a una publicación en su cuenta de X y que el mandatario “difundió” el proyecto como algo beneficioso para el sector privado, sin involucrarse directamente.
“La Justicia es la que debe definir esto”, afirmó Francos, tras señalar que el presidente se desligó del tema tras la controversia generada en redes sociales. Según trascendió, las nueve cuentas fundadoras de $Libra habrían acumulado ganancias por alrededor de 286 millones de dólares, perjudicando a más de 74 mil inversores.
Asimismo, el episodio impactó de lleno en la imagen presidencial, especialmente en el entorno familiar. La hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, fue acusada de haber recibido pagos para facilitar los encuentros de su hermano con los empresarios detrás del proyecto. Esta situación también generó consecuencias judiciales, que actualmente se tramitan en Argentina, Estados Unidos y España.
Las repercusiones en el Congreso
Durante la sesión, otros legisladores nacionales también manifestaron su descontento. La diputada Cecilia Moreau (UP) exigió que se votara una moción antes del ingreso de Francos. “Presidente, sabe que está haciendo las cosas mal, hay que votar ahora”, espetó al titular de la Cámara, Martín Menem. Por su parte, el legislador nacional Juan Manuel López, (Coalición Cívica) fue especialmente crítico con Cúneo Libarona, a quien calificó de “sacapresos histórico” y consideró su carta justificatoria como “una burla, una falta de respeto”.
Mientras que el oficialismo intentó restarle importancia al caso, calificándolo como una operación entre privados, la oposición insistió en que existe responsabilidad institucional, especialmente por el respaldo explícito que el presidente habría dado al emprendimiento. La diferencia de criterios sobre la modalidad de la interpelación y la función del Congreso en este tipo de situaciones volvió a tensar el clima legislativo, justo en medio de las campañas para las elecciones distritales, que comienzan el domingo próximo en Salta.
