El gobierno de Javier Milei se encuentra en una cuenta regresiva. A partir del 8 de julio, expirarán las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, y, en un contexto de apremio, ha comenzado a planificar las reformas pendientes. Simultáneamente, se encuentra evaluando qué tipo de acuerdos puede establecer con los gobernadores para evitar que el Congreso se convierta en un ámbito completamente adverso en adelante.
Desde el oficialismo se minimiza el impacto de gobernar sin las facultades delegadas estipuladas en la Ley Ómnibus, la cual fue aprobada por ambas cámaras del Congreso en junio de 2024. Esta normativa permitió al Poder Ejecutivo legislar mediante decretos en cuatro áreas específicas que fueron declaradas en emergencia: la administrativa, la económico-financiera y la energética.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, informa que ya se ha llevado a cabo el trabajo más significativo en reformas, sin necesidad de utilizar las facultades que poseía el Poder Ejecutivo. Específicamente, indican que las facultades delegadas solo abarcan el 5% de las desregulaciones que se llevaron a cabo en el último año.
La cartera del expresidente del Banco Central durante la administración de Macri está elaborando un informe en el que se detallarán los ajustes que ha logrado implementar. Aseguran que han sido varios. En dicho documento, que se presentará en las próximas 48 horas, se incluirán las intervenciones en la Agencia Federal de Inteligencia, en los organismos descentralizados, las modificaciones en las leyes (como la ley de Alquileres), la venta de bienes del Estado, los trámites iniciados para llevar a cabo privatizaciones (como en el caso de Belgrano Cargas e Intercargo, por ejemplo) y la reforma del régimen del empleo público.
La reducción drástica del personal estatal es un motivo de satisfacción para la gestión de Milei. Según los datos recopilados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, se han despedido a 52.340 empleados debido a despidos y a la negativa de renovar contratos, lo que representa una disminución del 15,2% en el empleo público. Este recorte ha afectado principalmente a empresas y sociedades del Estado, organismos descentralizados y a la administración centralizada, que comprende todas las dependencias del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Sturzenegger considera que este enfoque no es suficiente y asegura que continuará aplicando medidas severas contra el Estado mediante decretos, disposiciones y resoluciones. Además, las facultades delegadas seguirán disponibles para implementar nuevos cambios en las próximas 48 horas.
Aunque hay cierta reserva y los funcionarios evitan compartir información sensible, en las horas restantes de las facultades delegadas se realizarán ajustes en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se formalizará la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y se reducirá al menos a la mitad la Dirección Nacional de Vialidad. Todo ello bajo el argumento de eliminar funciones y estructuras que, desde la perspectiva oficial, “se encuentran duplicadas”.
La reestructuración de Vialidad, que ha generado fuertes protestas por parte del sindicato de trabajadores viales, incrementará la tensión entre la gestión de Milei y los gobernadores. Los mandatarios provinciales están solicitando que el Estado asuma la reparación y/o mantenimiento de las rutas nacionales, mientras que el oficialismo ya ha desfinanciado el área y está evaluando realizar más recortes. Los líderes del interior propusieron en Casa Rosada obtener fondos mediante la distribución de los ingresos del impuesto a los combustibles líquidos para encargarse de las rutas.
Sin embargo, no han recibido respuestas. El último en comentar sobre esta controversia fue Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, quien advirtió a Milei: “No puede seguir mirando para otro lado.” Esto lo expresó tras el acuerdo de todos los gobernadores, de diferentes orígenes políticos, para presentar dos proyectos de ley que el oficialismo no puede bloquear.
Ambos proyectos tienen como objetivo asegurar la distribución de los Aportes al Tesoro Nacional y evitar que se afecte la recaudación del impuesto a los combustibles, que se destina específicamente a Vialidad.
Por esta razón, la relación con los gobernadores atraviesa un momento muy difícil. Existen reclamos sin respuesta y apuestas electorales por parte de cada provincia. La falta de respuesta desde Balcarce 50 genera tensión entre los gobernadores, quienes afirman que la relación está dañada. En el oficialismo reconocen que es un reto restaurar esta relación para prevenir inconvenientes, pero no presentan (o no poseen) un plan claro al respecto.