Con el cierre de la feria judicial a la vista, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se preparará para enfrentar una serie de demandas económicas de gran repercusión. Estos procesos han sido iniciados por casi todas las provincias argentinas contra el Estado Nacional, sumando deudas que alcanzan los dos billones de pesos, sin incluir intereses ni ajustes.
El Noreste Argentino (NEA) se destaca como una de las regiones más activas en este conflicto. Las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones lideran las causas relacionadas con déficits en pensiones, eliminación de subsidios, recortes en la coparticipación y la supresión de fondos destinados al transporte y la educación. El hilo conductor de esta situación es la creciente tensión entre el Gobierno central y las jurisdicciones subnacionales respecto a la distribución de recursos esenciales.
La suma total de estas solicitudes “constituye un desafío financiero significativo” para el Tesoro nacional. Si bien numerosos litigios se iniciaron durante la administración de Alberto Fernández, es la actual gestión de Javier Milei la que debe abordar las demandas acumuladas.
Entre los aspectos más relevantes del conflicto se encuentran los déficits de los sistemas previsionales provinciales, que continúan generando reclamos de Corrientes y Formosa. La normativa vigente impone a la Nación la obligación de financiar los sistemas previsionales que no han sido transferidos, un compromiso que, según las provincias, ha sido incumplido de manera sistemática.
Coparticipación
Otro aspecto fundamental es la coparticipación federal de impuestos. Provincias como Corrientes y Chaco han manifestado su desacuerdo con la reducción del Impuesto a las Ganancias implementada en 2023, que disminuyó el monto disponible para la coparticipación. Además, se presentan quejas por supuestos incumplimientos de los acuerdos fiscales firmados en 2017 y 2021.
Los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también deberán abordar demandas relacionadas con fondos no transferidos. Una de las más significativas es la interpuesta por La Rioja, que reclama la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público, una solicitud que también respaldan Chaco y Misiones.
Misiones, por su parte, está involucrada en litigios por la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente, así como en temas de conectividad y materiales didácticos, junto con Buenos Aires, La Rioja, Salta y Santa Cruz. Estos recursos, que anteriormente cubrían gastos esenciales de la educación pública, fueron interrumpidos a inicios de año, empeorando la situación fiscal en las regiones con baja recaudación propia.
#Corrientes demandó a la Nación ante la Corte Suprema por el recorte de coparticipación que implican tanto el decreto N°473/2023 como la ley N°27.725, que redujeron la alícuota del Impuesto a las Ganancias que percibimos.
— Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) November 13, 2023
Recursos naturales
En cuanto a los recursos naturales, la atención se centra en otras provincias como Chubut, Mendoza y Entre Ríos, aunque el precedente podría influir en las regiones del NEA, que también demandan una mayor participación en regalías y la explotación de recursos estratégicos.
Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que el ajuste forma parte del plan de “equilibrio macroeconómico” y prevé que resistirá cualquier fallo que implique transferencias automáticas de fondos. No obstante, el ámbito judicial se ha transformado en una de las principales amenazas para esta estrategia, con decisiones que podrían reconfigurar el panorama fiscal argentino.