El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, confirmó hoy que apelará el fallo judicial que frenó la instalación de cámaras de seguridad en las escuelas y enfatizó que el sistema es "para cuidar los bienes", no para "saber si los chicos de sexto grado tiran tizas o no".
"Esto es un absurdo", resumió el funcionario macrista sobre la decisión que tomó la jueza Elena Liberatori tras un amparo presentado por los padres de cuatro estudiantes y respaldado por el gremio docente UTE-Ctera y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH).
En declaraciones a Radio 10, Montenegro remarcó: "Queda claro que las cámaras y las alarmas se prenden cuando no queda nadie en la escuela, pero bueno, indudablemente es gente que tiene ganas de gastar tiempo y papel".
Aseveró que aunque esto "no amerita casi ni la apelación, porque nunca se pensó en ver qué hacen los chicos en el colegio", la Ciudad echará mano a ese recurso judicial.
Ayer, mediante un fallo, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3 de la ciudad, Elena Liberatori, suspendió parcialmente la puesta en marcha de un circuito cerrado de televisión u otros dispositivos similares en el interior de establecimientos educativos.
Desde el ministerio de Justicia y Seguridad, habían asegurado que estos dispositivos iban a ser colocados sólo en la vía pública. La jueza Liberatori consignó en su fallo que la ciudad pretendía colocar cámaras en el interior de las escuelas y por eso prohibió la medida.
"No debe perderse de vista que lo que aquí se encuentra en juego es el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires", argumentó en el fallo.
