El Gobierno porteño pidió a la justicia que investigue si existen irregularidades en la Planta de Transferencia de Áridos y Poda de la calle Varela 2653, donde según denuncias se cobraría dinero a particulares y empresas para permitirles descargar en el lugar, el contenido de volquetes con escombros y restos de poda provenientes de la Provincia de Buenos Aires o residuos con origen en esta ciudad pero con materiales no permitidos.
La denuncia fue efectuada por la Procuración porteña a pedido del Ministerio de Ambiente y Espacio Público después de que se recibiera información sobre los supuestos cobros irregulares.
Antes de que la actual administración asumiera, en noviembre de 2007, las autoridades salientes firmaron un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y el CEAMSE por el cual este último organismo recibió en comodato el lugar para que operase allí una estación de transferencia de áridos y poda, que además establece cómo se operan y controlan los residuos.
De acuerdo con la denuncia de transportistas y de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno porteño, los encargados de esa planta cobraban a las empresas de volquetes para permitirles descargar residuos en el lugar.
En la presentación a la justicia se pide la investigación al encargado de la planta que recibe los residuos para ser trasladados a su destino final y a otros funcionarios.
Los residuos áridos son los compuestos por tierra y escombros, mientras que los de poda provienen del mantenimiento de árboles y plantas.
Por recibir dichos residuos el Gobierno de la Ciudad debe pagar al CEAMSE según la tarifa vigente, aproximadamente 35 pesos por tonelada. Además debe inspeccionar y controlar el cumplimiento de las estipulaciones del convenio.
A mediados de julio pasado la Auditora Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público recibió información de que el sistema implementado en la Estación Varela no funcionaba según el convenio.
Se realizó entonces por indicación del ministro, Juan Pablo Piccardo, lo que se denomina una "auditoría imprevista" y una investigación directa en el lugar.
El funcionario designado por el Gobierno de Ciudad para controlar el cumplimiento de las estipulaciones dependía de la Dirección General de Limpieza de la Subsecretaría de Higiene Urbana.
Según las versiones recogidas por la auditoria entre los conductores de los camiones de volquetes, la estación cobraba "un peaje" que las empresas debían pagar para poder descargar.
Por otra parte no se realizaron los controles respecto de la procedencia y de la tipicidad de los residuos, así como tampoco el volumen de la carga, que no era pesado con el argumento de que la balanza no funcionaba.
En consecuencia las irregularidades en perjuicio de la Ciudad serían:
a.. Al no controlar la calidad de los residuos recibidos, se produce el ingreso, por ejemplo de basura domiciliaria, lo que implica que el Gobierno de la Ciudad paga al CEAMSE por el traslado de residuos no admitidos.
b.. Al no determinar el tonelaje de los residuos recibidos resulta imposible ejercer un control por oposición y determinar la exactitud del valor a pagar por parte del Gobierno.
c.. Al no poder establecer la procedencia de los residuos recibidos en el predio, el Gobierno de la Ciudad paga al CEAMSE por transferencia de residuos que luego no puede gestionar ningún tipo de recupero económico.
Finalmente se realizó una auditoria formal, con días de control asignados y entrevistas a los responsables del predio, cuyas explicaciones y aclaraciones no concordaban con lo que los auditores vieron "in situ" ni con lo establecido por el Convenio con el CEAMSE, por lo se solicitó se inicie el correspondiente sumario e investigación.
