El Congreso de la Nación sancionó en los últimos tiempos dos leyes que repercutieron en el Poder Judicial de la Ciudad. La modificación al Código Penal introduciendo como delito a las picadas -una acción peligrosa que era competencia del Fuero Contravencional y de Faltas porteño- generó dictámenes de la Fiscalía General argumentando que dicho nuevo delito debía ser entendido por la Justicia local; de la Defensoría General diciendo que sólo por convenios de transferencia se puede ampliar la competencia penal; del ministro de Justicia y Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, ordenando a las fuerzas de seguridad que sólo respondieran a las órdenes de la Justicia de Nación; y finalmente la acordada del Tribunal Superior de Justicia reclamando la autonomía plena. Pero si bien ése fue el tema más difundido, otra ley nacional generó dentro del Poder Judicial local fuertes críticas: la creación de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Coincidiendo con los argumentos esgrimidos por representantes de magistrados y funcionarios porteños, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, realizó una manifestación formal expresando su preocupación por "la reiterada injerencia -en el ámbito propio de los poderes judiciales- de los poderes políticos de algunas provincias, a través de presiones mediáticas, desacreditación de los jueces y funcionarios judiciales por vías espurias […] todo lo cual debilita las instituciones y violenta el principio de independencia del Poder Judicial".
Según expresa la declaración firmada por el presidente de la Federación, Abel Fleming y el secretario, Fernando Lodeiro, a la que tuvo acceso NOTICIAS URBANAS, la Ciudad merece un punto y aparte.
"Con relación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se advierte que la reciente sanción de la ley 26.371 colisiona con el artículo 129 CN y concordantes, que integran a esa ciudad la sistema federal argentino con plena autonomía […] y le atribuye facultades de legislación y jurisdicción. La ley 26.371 es violatoria de la Constitución Nacional en la medida que invade la esfera de reserva legislativa del estado local para organizar su poder judicial, al crear una ‘Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal’. Cualquier creación de jurisdicción local o de organismos es una atribución que se encuentra vedada al Congreso de la Nación", resalta la Federación.
Finalizando, la FAM reclamó que "se concluya rápidamente el proceso de transferencias de todas la competencia penal ordinaria a la Ciudad y se impulse un proyecto de ley para derogar parcialmente la ley 26.371 en aquellos supuestos en que invade las atribuciones propias del estado local".
A la virtud de pedir se contrapone el defecto de no dar. Y aunque el Congreso Nacional escuche el reclamo de la FAM, si hasta una diputada nacional por la Ciudad (Vilma Ibarra) está compitiendo por un cargo en la cámara de casación cuestionada, es poco probable que los legisladores de otras jurisdicciones se interesen por modificar una ley que sólo afectaría los intereses del Poder Judicial con menos competencias en toda la república. Pero las esperanzas no deben perderse.
