Exfuncionario macrista y empresario procesado controlarán rutas y vuelos

Exfuncionario macrista y empresario procesado controlarán rutas y vuelos

Milei rediseña el control del transporte con dos perfiles polémicos.


El Gobierno Nacional, a través del Decreto 597/2025, ha nombrado a los nuevos directores de dos agencias clave en el ámbito del transporte. Carlos María Frugoni ha sido designado como director de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplaza a la histórica CNRT. Por su parte, Paolo Marino estará al frente de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

El comunicado oficial del gobierno destaca las credenciales de los nuevos directivos. Frugoni, arquitecto de profesión, fue presidente de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y estuvo a cargo de importantes obras de infraestructura vial, como la construcción del Paseo del Bajo y los viaductos de las líneas Mitre y San Martín.

En cuanto a Marino, se resalta su vasta trayectoria en el sector aeronáutico, habiendo sido vocal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y asesor de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Antecedentes controversiales

Sin embargo, ambos nombramientos vienen acompañados de polémicos antecedentes que el comunicado oficial omite. Durante su gestión en AUSA, Frugoni, quien fue designado por el expresidente Mauricio Macri, estuvo implicado en la cesión de un valioso terreno en Barrio Parque a un allegado a la familia del exmandatario por una suma irrisoria.

Además, la licitación del Paseo del Bajo, una de las obras realizadas durante su mandato, se encuentra judicializada.

Por otro lado, Marino, quien fue directivo de la empresa Sol Líneas Aéreas, está procesado en la causa por el trágico accidente aéreo de 2011 en Río Negro, donde perdieron la vida 22 personas. La justicia lo investiga junto a otros directivos por la falta de elementos de seguridad en la aeronave y la insuficiente capacitación de la tripulación.

Los implicados enfrentan un juicio con un embargo de 235 millones de pesos. A pesar de estos antecedentes, el Gobierno ha reafirmado su confianza en ambos funcionarios.

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