“Se aproxima una profunda reforma para la industria del juicio y los aprovechadores”. Este mensaje fue publicado el domingo en la cuenta de @CoherenciaFavor en las redes sociales y fue retuiteado por Javier Milei. ¿Qué implica este gesto del Presidente? Desde la Casa Rosada informaron que el mandatario está bastante preocupado por el récord de demandas judiciales que se espera alcanzar en 2025 en el Sistema de Riesgos del Trabajo, así como por la creciente cantidad de fallos de la justicia laboral que favorecen al sindicalismo y afectan al Gobierno.
Por eso se espera que, tras su guiño en las redes sociales, Milei ponga en la mira a los jueces laborales porque cree que “han colaborado fuertemente en destruir a las pymes argentinas y en desalentar inversiones” y que “el daño que han hecho es irreparable”, según fuentes oficiales.
La última destinataria de la furia gubernamental es Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Capital Federal, que es la magistrada que hace un mes declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU 340 que reglamentó el derecho de huelga ante una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la semana pasada dictó un fallo similar tras una denuncia impulsada por la CGT. También dictó una sentencia contra el Gobierno por la eliminación del Día del Trabajador del Estado.
En la línea que explicitaría Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó a Fullana como “jueza militante” y señaló en X: “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”.
Ahora, el Gobierno ha decidido realizar un estudio sobre los fallos emitidos por la Justicia laboral con el fin de obtener estadísticas que evidencien la “parcialidad” de los jueces. “Son una casta total y estamos cansados de ellos; nos declararon la guerra”, declaró el mismo funcionario, quien tiene un gran peso en el Gabinete.
¿Cuál es la estrategia del Gobierno para enfrentar la avalancha de decisiones desfavorables? Inicialmente, en la administración Milei se refieren a “una expectativa innovadora” depositada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ): un fallo de la Corte Suprema emitido en diciembre pasado permitió que el tribunal porteño actúe como instancia superior en casos civiles, comerciales, laborales y penales.
A mediados de marzo, el TSJ había recibido un total de 180 casos enviados por la Corte Suprema, desde que este tribunal determinó en diciembre pasado que el TSJ debe funcionar como instancia superior en apelaciones de la justicia nacional. De ese total de casos, 140 pertenecieron al fuero laboral, 16 al civil, 7 al penal y 3 al comercial.
La mayoría de los jueces nacionales se manifestaron en contra de la decisión del tribunal, argumentando que sobrepasa las competencias constitucionales del máximo órgano judicial. Sin embargo, el Gobierno parece decidido a romper con esta resistencia acelerando el traspaso de los juzgados laborales y comerciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como lo establece la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
De todos modos, en la Casa Rosada reconocieron que, en ausencia del traspaso de los juzgados, “no hay ninguna normativa que se pueda implementar” para restringir a los jueces laborales. No obstante, se anticipa que La Libertad Avanza podría contar con más representantes en el Congreso a partir de diciembre, lo que facilitaría una modificación del procedimiento de justicia laboral y permitiría optimizar su funcionamiento.
Desde el oficialismo, se busca desgastar a los jueces laborales mediante ataques directos por parte del Presidente, lo que “haría visible los problemas que generan para alcanzar la justicia”. Hay incluso funcionarios que proponen ir un paso más allá: “Es necesario investigar el patrimonio de los jueces laborales y que sus rostros y nombres sean conocidos”, afirman.
— Coherencia Por Favor (@CoherenciaFavor) July 6, 2025
De la misma forma, Milei desea implementar acciones concretas para “desmantelar la industria del juicio”, especialmente después de haber recibido un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que indica que, en un año, se iniciaron litigios por un monto equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, generando un costo que supera los $2 billones en el lapso comprendido entre junio de 2024 y mayo pasado. “El 2025 será un año récord: se prevén 130 mil nuevas demandas”, señala el documento, que retrata una situación de judicialización descontrolada.
El estudio resalta que la Provincia de Buenos Aires acumula el 40% de los juicios, seguida por CABA con el 19% y Santa Fe con el 14%, configurando un panorama en el que cada mes se presentarían más de 10.000 nuevas demandas. Según la UART, durante ese período se observó una disminución del 81% en la mortalidad laboral, lo que permitió evitar 19.000 muertes, además de una reducción del 55% en la siniestralidad, con 4,7 millones de accidentes evitados, y también se registró una caída del 39% en la gravedad de los siniestros.
No obstante, se ha observado un aumento en la litigiosidad: entre junio de 2024 y mayo de 2025, se registraron 126.700 demandas. La UART calcula que la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos, una cifra que define como el auténtico “costo argentino”. La organización señala que esta problemática no se debe a un incremento en los accidentes ni a un deterioro del servicio, sino a un fenómeno relacionado con “pericias médicas judiciales infladas” que superan en 12,5 puntos el Baremo oficial y a tasas de interés judiciales “excesivas”, ya que estas circunstancias transforman “cada juicio en una oportunidad financiera inigualable, en lugar de un reclamo legítimo”.
Por esta razón, el Gobierno está considerando una serie de reformas en el Sistema de Riesgos Laborales que busquen lograr el objetivo de “penalizar a los abogados que mienten y lucran con la situación”.
El descontento respecto a este asunto no es reciente. Durante su mandato, Mauricio Macri definió la Justicia Laboral como un fuero “maldito” del que surgieron numerosas sentencias que obstaculizaron ciertas decisiones de su gobierno, favoreciendo a los sindicatos.
