Un grupo de afiliados, dirigentes y simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA) en Chaco ha presentado una solicitud formal a Karina Milei, la máxima autoridad nacional del partido, en la que solicitan una intervención urgente en el distrito y la destitución de su actual presidente, José Alfredo “Capi” Rodríguez.
En una carta extensa firmada por representantes de diversas localidades chaqueñas, se señalan una serie de irregularidades internas que, según sostienen, afectan la democracia del partido, impiden la participación y dificultan el ingreso de nuevos afiliados, especialmente si no alinean políticamente con Rodríguez.
“El partido en Chaco está siendo administrado de manera cerrada, arbitraria y antidemocrática”, expone el documento. Entre los aspectos más críticos, se destacan los siguientes: la reserva de la Carta Orgánica, que no ha sido difundida ni puesta a disposición de los afiliados; la existencia de obstáculos sistemáticos a la afiliación de personas que no afilian con Rodríguez; la expulsión de referentes disidentes sin un fundamento legal o administrativo; la carencia de una estructura territorial y la elección directa de candidatos ‘a dedo’, sin la participación de las bases; el desconocimiento y la ausencia de promoción de las ideas libertarias propugnadas por Javier Milei; y la designación en cargos estratégicos de individuos actualmente bajo investigación judicial, lo que contraviene el principio de “ficha limpia” promovido por el espacio a nivel nacional.
Los denunciantes sostienen que las acciones de Rodríguez “infringen artículos fundamentales de la Ley de Partidos Políticos (23.298)” y afirman que la estructura política en la provincia opera como un “club exclusivo” controlado por un grupo reducido. Al final del documento, que lleva la firma de Arnaldo Soria, un exreferente que fue expulsado, se solicita a la conducción nacional que intervenga para “restablecer la vida democrática interna y asegurar el acceso equitativo a la militancia del partido”.
Hace unas semanas, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, comenzó una investigación sobre presuntas maniobras de extorsión en las delegaciones chaqueñas de ANSES y PAMI, ambas bajo el control de funcionarios asociados a La Libertad Avanza. De acuerdo con la indagación preliminar, se habría ejercido presión sobre los empleados de estos organismos para que cedieran un porcentaje de su salario a cambio de la promesa de mantener su puesto de trabajo. Este caso ha sido clasificado como “posible delito de acción pública” y se fundamenta en denuncias periodísticas y reportes televisivos que presentan documentos con supuestas transferencias bancarias de los empleados hacia sus superiores.
“Cada uno de los pagos se habría realizado a través de transferencia bancaria a los encargados de las delegaciones”, indicó Sabadini en el expediente. La investigación pretende establecer si existió una estructura sistemática de recaudación de fondos del partido que se presentó como “aportes voluntarios”.
