Espert, imputado por lavado: allanan su vivienda y oficina en el Congreso

La Justicia federal ordenó este jueves un allanamiento tanto en la vivienda particular como en el despacho del economista y diputado en licencia José Luis Espert, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. Las medidas apuntan a profundizar la investigación sobre vínculos financieros con el empresario Federico “Fred” Machado, tras la denuncia de irregularidades presentada por el dirigente Juan Grabois.

Durante el operativo, los funcionarios judiciales secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks y otros dispositivos electrónicos que podrían contener información clave para esclarecer movimientos patrimoniales sospechosos. La orden fue emitida por el juez de San Isidro Lino Mirabelli, responsable de la causa en curso.

Espert, por su parte, solicitó que la causa sea trasladada a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, argumento que forma parte de su estrategia defensiva. En paralelo, también está bajo la lupa por los 36 vuelos que realizó en aviones vinculados a Machado, una línea investigativa que corre por fuera de esta causa inmediata.

⭕️ | ÚLTIMO MOMENTO: Por pedido del juez Lino Mirabelli, LA POLICÍA INICIÓ UN ALLANAMIENTO EN LA CASA DE JOSÉ LUIS ESPERT.

‼️ Buscarán más pruebas sobre su vínculo con el narcotráfico. EL DIPUTADO DE LA LIBERTAD AVANZA ESTÁ HASTA LAS MANOS. pic.twitter.com/7lyiafU2nS

— Diagonales (@diagonalesweb) October 9, 2025

El expediente actual se basa fundamentalmente en una transferencia millonaria que el empresario Machado habría hecho a Espert, bajo los cuestionamientos de compatibilidad ilícita con su patrimonio oficial. En su rol de diputado, Espert fue imputado por el fiscal Federico Domínguez, mientras que Mirabelli ya dispuso medidas sobre bienes y cuentas bancarias asociadas al economista.

Según fuentes judiciales, existe una causa paralela que investiga los vuelos entre empresas vinculadas a Machado y el entonces candidato Espert hacia distintos destinos. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, encargado de esa pesquisa, solicitó la certificación del expediente de San Isidro para intervenir con mayor alcance.

El caso adquiere relevancia política en un año con fuerte agenda electoral, y pone en el centro del debate la relación entre el financiamiento privado y la transparencia pública. En este escenario, la Justicia deberá definir si los movimientos denunciados configuran maniobras de lavado o si responderían a operaciones legítimas, mientras el propio Espert busca resguardar sus derechos procesales.