Este incidente ocurrió el miércoles 18 de junio en las oficinas de la obra social de jubilados de esta villa turística, que también brinda servicios a afiliados de los alrededores. Tras la denuncia de las autoridades locales, el departamento legal del organismo dirigido por Esteban Leguizamo inició un expediente que podría resultar en sanciones para un coordinador y cuatro empleados administrativos.
Una vecina, que prefirió no revelar su nombre, expresó su frustración en una carta al portal local “Vivo Informado”, recordando que esa “fría mañana de junio en El Bolsón, salí temprano con mi madre de 88 años para realizar trámites en la delegación de PAMI. Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, sin atención y sin alguien que nos reciba. Ni siquiera la puerta abierta. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie”.
También citó el lema de la protesta kirchnerista en defensa de Cristina: “‘en nombre de la defensa de la democracia’ —como dicen los carteles— nos niegan algo tan básico como el acceso a servicios esenciales. No se trata de comodidad: hablamos de personas mayores, familias vulnerables, vecinos que organizan su día para resolver trámites urgentes”.
Una auditoría interna preliminar de las autoridades locales confirmó que los empleados estaban dentro de las instalaciones el 18 de junio, pero “no atendieron ningún trámite”. Desde el PAMI centrak indicaron que “ocuparon el edificio, cerraron sus puertas y dejaron a la gente sin atención”. Desde PAMI central, se confirmó que se inició un expediente administrativo para investigar lo ocurrido, que podría resultar en apercibimientos, suspensiones o expulsiones de los involucrados en este incidente.
La diputada Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, manifestó que “ningún sector político puede usar las instituciones del Estado como una trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia. Esto es no solo una profunda irresponsabilidad, sino también un desprecio absoluto por su deber hacia la comunidad”.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se han generado controversias en torno a la distribución de cargos en las delegaciones de organismos nacionales en las provincias, como Anses, Vialidad y PAMI. Las primeras críticas provenientes de los socios locales de LLA señalaban que aún había “delegados kirchneristas” a cargo de estas dependencias. Sin embargo, con el tiempo se han ocupado la mayoría de las delegaciones, aunque algunas oficinas todavía presentan una fuerte presencia K.
A principios de junio, en el contexto de la disputa electoral entre Karina Milei y Santiago Caputo, surgieron críticas hacia los primos Martín y “Lule” Menem por denuncias sobre supuestos desvíos de fondos y demandas de retornos a empleados y funcionarios del PAMI en distritos como Chaco, Misiones y Santa Cruz. Los armadores políticos de la secretaria general de la Presidencia habrían influido en la selección de los jefes de las delegaciones locales de la obra social de jubilados.
Este año, PAMI cuenta con un presupuesto reforzado que, tras una actualización, supera los 4 billones de pesos ($4.911.595.518.311), y dispone de más de 600 Agencias de Atención, la mayoría en CABA y Provincia, y 38 Unidades de Gestión Local (UGL). Estas últimas, las “regionales”, manejan “un monto de dinero dependiendo de la cantidad de afiliados por población”, a diferencia de las delegaciones del organismo que ni siquiera tienen “caja chica”. Sin embargo, fuentes oficiales coinciden en que esta administración “centralizó” aún más el manejo del dinero por parte de PAMI Central, liderado por Leguizamo, vinculado a Santiago Caputo.