Hay dos leyes que regulan, principalmente, el fundamental trabajo del reciclado de residuos sólidos urbanos (RSU) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera es la Ley N° 1.854/05, conocida popularmente como Ley de Basura Cero, que obligaba al gobierno porteño a disminuir los RSU a 374.414 toneladas en 2017, llevando esta cifra a cero en 2020.
La otra ley es la N° 992/02, que aún autoriza a los recicladores urbanos organizados en cooperativas a ejercer su oficio en los contenedores, sin límites. El título de la norma definía, al mismo tiempo, su espíritu: Declárase como servicio público a los servicios de higiene urbana. Créase el registro de recuperadores de materiales reciclables y de cooperativas y pequeñas y medianas empresas relacionadas.
La primera de las leyes mencionadas jamás fue cumplida por un gobierno, que, dicho sea de paso, tiene como función principal la de coaccionar a sus ciudadanos para que cumplan todas las leyes.
En 2018, como los objetivos de la Ley de Basura Cero estaban muy lejos de ser alcanzados, el Gobierno porteño envió a la Legislatura otro proyecto de ley para morigerar los objetivos, que fue aprobado como la Ley N° 5.966 el tres de mayo de 2018. En ésta tomaba como vara de medición el tonelaje enviado a ser enterrado en el año 2012, que fue de 2.300.000 toneladas. La meta a alcanzar era llegar a las 1.150.000 toneladas en 2021; a las 800.000 en 2025, para arribar finalmente en 2030 a las 460.000 toneladas.
Pues bien, nada de esto ocurrió. En el día que está transcurriendo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está enviando al Complejo Ambiental Norte III, situado en José León Suárez, alrededor de 8.000 toneladas. Esta cifra equivale a unas 200.000 toneladas mensuales o a 2.400.000 toneladas anuales.
En resumen, nada ha cambiado. Se recicla casi nada. Se reprime a los que reciclan, casi convirtiéndolos en héroes de la ecología y no en recicladores urbanos normales. Sólo los ciudadanos comprometidos con el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza reciclan y se hacen cargo de la tarea que deberían realizar sus representantes en el Poder Ejecutivo.
¿Represión ambiental?
El pasado lunes cuatro de agosto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció -en tono electoralista- que “di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”.
Paralelamente, al día siguiente, la Policía de la Ciudad desalojaba un predio ubicado en Santo Tomé 2300, en el barrio de Villa del Parque, que había sido cedido por el propio gobierno en 2017 a la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros.
Pero existían antecedentes. El 24 de julio último, el Gobierno anunció que había modificado su sistema de reciclado (sin explicar de qué manera) y dejaba de financiar el traslado en colectivos de los recuperadores urbanos que viajaban desde la Provincia de Buenos Aires, especialmente del municipio limítrofe de San Martín. La justificación de este cambio de planes fue que los cartoneros formaban parte de un sistema “de cooperativas ligadas a Juan Grabois, que venían del Conurbano”.
¿Otra medida electoralista?
Indudablemente, el siete de septiembre está demasiado cerca y sus asesores le han soplado al jefe de Gobierno que expulsar a los recicladores de piel oscura le atraerá algún beneficio, ante la fuga de votantes que sufrió el 18 de mayo a manos de Manuel Adorni, su némesis electoral.
En realidad, el gobierno porteño había adoptado en 2017 la medida de financiar el transporte a los recicladores del AMBA para no perder los beneficios de su trabajo y evitar al mismo tiempo que acamparan en la ciudad. Los escasos dineros que recaudan los cartoneros por sus tareas los obligaban a permanecer dentro de la ciudad, porque aún el viaje al Gran Buenos Aires les resultaba demasiado oneroso. Así, se solucionó el problema en aquel momento.
La propuesta de Macri
En 2012, ante la protesta del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por el excesivo volumen de sus residuos, el gobierno porteño construyó e inauguró una planta de separación de residuos en el Complejo Ambiental Norte III.
En la reunión entre las conducciones de ambas jurisdicciones, los porteños propusieron reducir la generación de residuos en base a varios sistemas de trabajo.
El primero era la puesta en marcha de una planta de tratamiento en el propio relleno Norte III, que reduciría en 600 toneladas diarias el enterramiento de residuos. Como la ciudad enterraba en ese tiempo unas 6000 toneladas diarias, aproximadamente, esto significaría una disminución de un diez por ciento en el volumen de los residuos enterrados.
Además, Macri pondría en marcha una planta de tratamiento de áridos, que se sumaría a la doble contenerización implementada en algunos puntos de la ciudad. Ambos sistemas permitirían una reducción de 1120 toneladas más cada día. Sumado al punto anterior, significaría una disminución del 29 por ciento y sería posible, según el ministro de Espacio Público y Medio Ambiente porteño de aquel tiempo, Diego Santilli, alcanzar esta meta el 1º de marzo de 2013.
Con la ampliación del sistema de doble contenedor, según Santilli, para el 1º de junio de 2013, se podrían reducir 130 toneladas más. Al 1º de noviembre de 2013, con la ampliación del tratamiento de los áridos -800 toneladas más- se arribaría a la meta de reducir el 44 por ciento de los residuos que entonces se generaban en el distrito porteño.
Si se hubiera alcanzado positivamente la meta de lograr el tratamiento de 2000 toneladas más de residuos hogareños y comerciales, el gobierno porteño hubiera llegado el 1º de junio de 2014 a disminuir el 78 por ciento del volumen de residuos sólidos urbanos que entonces se enterraban en Norte III.
Humo
Pasados doce años de aquella humareda, nada de eso ocurrió. Las metas no se cumplieron nunca, por más que las plantas de reciclado existen.
¿La clave? No se recicla lo suficiente. Ni siquiera se implementó una Ley de Envases para disminuir el volumen de residuos que van a parar al tacho de basura.
Tampoco hubo campañas de concientización para alcanzar la meta de las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para colmo, a los únicos ecologistas urbanos, que son los cartoneros, ahora les van a cobrar multas de hasta $900 mil por realizar tareas de reciclado.
En 2018, un informe del Banco Mundial señalaba que en Argentina se producían 1,14 kg. de residuos por persona, cuando el promedio en América Latina era de un kilo. Paradójicamente, ese mismo año, el Gobierno porteño modificaba la Ley de Basura Cero en el sentido contrario a la reducción.
Se sabe que uno de los peores problemas ambientales, de salud y económicos es la disposición de la basura, que contamina el aire, las napas de agua y el suelo. Además, en todos los gobiernos, la tarea de “tirar la basura” es, por muy lejos, el principal gasto de su presupuesto. Por eso, la necesidad imperiosa de “las tres erres”.
Dejar sin solución el problema es una decisión casi suicida, porque la contaminación afecta a todos los ciudadanos del país, vivan cerca o lejos de donde la basura es enterrada.
Por ahora, entonces, cero en basura.
