Las elecciones del domingo 26 de octubre definirán la composición de las dos cámaras a partir del 10 de diciembre. En tanto, el Parlamento trabajó durante todo el año con una mayor celeridad a la acostumbrada en años electorales.
Dentro de las circunstancias de la votación sobre el Presupuesto, llamó la atención la convocatoria este último lunes a una reunión informal realizada por el presidente del cuerpo, Martín Menem. A hora temprana fueron convocados un puñado de diputados dialoguistas, que exigían que se cumplimentaran las leyes aprobadas por la Emergencia en Discapacidad, por Emergencia Pediátrica y por el Financiamiento Universitario.
Ése fue el motivo alegado por los legisladores que asistieron, para explicar el estancamiento de las resoluciones. El martes, sin escuchar estos pedidos el Poder Ejecutivo promulgó las leyes recientemente votadas en insistencia por el Congreso, pero las devolvió para que los legisladores indicaran de qué partidas se debían debitar los fondos.
Con las piezas ubicadas en el tablero, está claro que el presidente no escuchó lo que le pidió la oposición para avanzar en la discusión. En suma: el puente se levantó y el diálogo no fue restablecido. El senador Guillermo Andrada (Catamarca- Fuerza Patria) reflexionó sobre el tema. “Todavía no veo una acción concreta que indique que desean contar con el Presupuesto. En mi provincia existe un gran recorte en la obra pública. Andrada finalizó puntualizando que “un presupuesto tiene una etapa de formulación y falta aún la de debate parlamentario”.
Desde todas las latitudes establecieron las necesidades que deberían subsanarse con un nuevo presupuesto. La Diputada entrerriana Blanca Osuna analizó que “cerrar escuelas no es reordenar: es desmantelar posibilidades educativas y romper la trama social que sostiene a las comunidades”. Luego, la exintendenta de Paraná manifestó que “inaugurar y alardear desde un edificio que no construyó su gestión, un lugar de contención para innovaciones, no es progreso por sí solo si los lugares de formación y las universidades se caen por falta de recursos”. Para finalizar, la legisladora y especialista en educación sostuvo que “mientras el gobierno repite el mantra del ‘ahorro’ y de la ‘inversión inteligente’, quienes pierden su escuela pierden también la oportunidad de construir presente y futuro cerca de su casa”.
No obstante los problemas de desfinanciamiento y de crisis económica no son los únicos que deben discutirse en torno al Presupuesto. Las variables macroeconómicas que propone no son viables de acuerdo al economista y dirigente político Claudio Lozano. En línea con tal argumentación opina la senadora María Inés Pilatti Vergara (Chaco – Fuerza Patria), que expresó que “el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presenta una serie de problemas estructurales que revelan tanto tensiones macroeconómicas como riesgos sociales y políticos significativos. En primer lugar, se apoya en un esquema de blindaje fiscal que busca garantizar el superávit financiero, sin importar el contexto económico”. Luego aclaró que “esto significa que, si la recaudación cae por debajo de lo previsto, se recortarán automáticamente partidas de gasto discrecional —como salud, educación y desarrollo social—, mientras que si mejora la recaudación no se aumentará el gasto, sino que se reducirán impuestos”.
Esta regla convierte al gasto social en la variable de ajuste principal y somete las políticas estratégicas al ciclo económico, debilitando la capacidad contracíclica del Estado.
En este paisaje desolador y contradictorio, el Gobierno conoce que debe contar este año con presupuesto y que necesita cumplimentar las exigencias de Estados Unidos. Sin embargo, no logra articular redes de apoyo y anticipa que seguirá con quinta a fondo rumbo al abismo. Pretende impulsar propuestas como las Reformas Tributaria, Laboral y una nueva Ley Bases2, que presentará el 15 de diciembre, en palabras de Alejandro Cacace, secretario de Desregulación.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Cacace declaró que “se está trabajando además en el contenido del Pacto de Mayo, que fue suscripto por 18 gobernadores” y anticipó que “hay un decálogo de puntos en los que se está trabajando: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar al 25 por ciento del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; una reforma previsional y la apertura del comercio internacional”, detalló. El paquete incluirá también una nueva “Ley Hojarasca”, destinada a derogar 70 normas consideradas obsoletas. Así las cosas, con agendas muy distantes, los principales bloques opositores ratificaron que presentarán dictámenes propios sobre Presupuesto el 4 de noviembre.
Además de los índices de la gran economía, la senadora Pilatti sumó otras disidencias con respecto al presupuesto, cerrando en que “la estrategia política detrás de este presupuesto es tan relevante como sus números. El gobierno ha dejado trascender que, en caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto, gobernará con la prórroga automática del de 2023, lo que le permitiría manejar discrecionalmente los excedentes sin control legislativo”.
Esto puede devenir en consecuencias que preocupan, alegó. “En otras palabras, la regla fiscal es una herramienta de ordenamiento hacia los acreedores y los mercados, pero no necesariamente una herramienta de planificación democrática y desarrollo inclusivo”. A continuación, observó que “esto explica por qué, más allá de las cifras, este presupuesto es sensible: no sólo proyecta un ajuste profundo, sino que institucionaliza mecanismos que debilitan al Congreso y reorientan el rol del Estado hacia una lógica estrictamente financiera”.
Después del día D
De acuerdo con lo que queda en la mesa, todo hace pensar que lo que la oposición disponga será ley tras los comicios. Con modificaciones, volvió a la cámara de origen la ley que modificó la reglamentación de los Decretos, para que no sea necesario que ambas cámaras rechacen ante posibles nuevos vetos. El nuevo encuentro en la Cámara Alta será la primera semana de noviembre, tras las elecciones de medio término. El senador Andrada vaticinó que “al volver al Senado debemos tratar la modificación del artículo que versa sobre los 90 días. Si lo aprobamos con 2/3, quedará firme y se convertirá en un aviso y en una respuesta a un posible veto”.
Mucho se ha hablado desde 2023 de la posibilidad de construcción del tercio que necesitaba el Gobierno para validar su voluntad. En perspectiva, Pilatti analizaba que “el gobierno ya ha dictado más de ochenta DNU en poco más de dos años, muchos de los cuales abarcan cambios sustanciales en múltiples ámbitos del Estado, eludiendo deliberadamente al Congreso”. En tal sentido, la senadora detalló que “de hecho, considerando la naturaleza expansiva del DNU 70/2023, que no equivale a un decreto clásico, sino a un paquete normativo, con decenas de reformas encubiertas e incluye más de 30 capítulos que abarcan desde la desregulación económica, la derogación de leyes laborales, la apertura de sectores regulados, la modificación de marcos tarifarios, privatizaciones, cambios en normas de salud y vivienda, hasta reformas institucionales. Todo esto significa que, si se dictaran separadamente, podría implicar más de 25 a 30 decretos autónomos, cada uno sujeto a control político y judicial específico. Esta concentración de reformas en un solo acto es, en sí misma, un modo de evadir controles y minimizar la discusión de agendas sensibles”.
Luego, la chaqueña se pronunció sobre la legitimidad del bloque de leyes. “El hecho de que aún no se haya declarado su inconstitucionalidad general no implica que la constitucionalidad del decreto esté clara, sino que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina) también juega políticamente”.
Sin protocolos, ni maniobras el mes termina y es posible deducir que 2025 no trajo la prosperidad prometida. En las calles, las voces se multiplican mientras exigen respuestas y que sean ejecutadas las leyes votadas. Las elecciones importan, pero la realidad no espera. Urgen definiciones en materia social, más allá de la nueva conformación de los recintos.
