La medida fue formalizada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. En dichos decretos el Ejecutivo invoca el artículo 5 de la ley 24.629, que establece que toda norma que genere gastos debe prever expresamente su financiamiento, y advierte que en ausencia de esas partidas el ejercicio quedará suspendido.
En lo que respecta a la ley de financiamiento universitario (Ley 27.795), ésta prevé un esquema de regulación para las universidades públicas, con actualización salarial para docentes y no docentes vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de aumento de becas, investigación y tecnología. No obstante, el Gobierno estima que su ejecución demandaría 1,07 billones de pesos en 2025 y más de 2 billones en 2026, monto que considera “inviable” sin que el Congreso defina las partidas correspondientes.
AHORA!!
ATE EVALÚA UN NUEVO PARO NACIONAL POR LA SUSPENSIÓN DEL FINANCIAMIENTO AL GARRAHAN!!El Gobierno desconoce lo votado en el Congreso y decidió suspender mediante los decretos 759 y 760 las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario.
No podemos… pic.twitter.com/OWxT3boAHe— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) October 21, 2025
Por su parte, la ley de emergencia pediátrica (Ley 27.796) declara por un año la emergencia sanitaria en el área pediátrica y en las residencias nacionales de salud. Entre sus objetivos están garantizar el acceso de niñas y niños a los servicios médicos, reforzar hospitales de alta complejidad, recomponer salarios del personal sanitario e incentivar fiscalmente la labor en áreas críticas. Se nombra al hospital Hospital Garrahan como centro de referencia nacional de alta complejidad.
El Gobierno advierte que la implementación sin financiamiento podría afectar programas esenciales, como la provisión de medicamentos a personas vulnerables o acciones de prevención de enfermedades de transmisión sexual, dado que el sector salud enfrenta un déficit de 102.400 millones de pesos. A su vez, en el ámbito universitario, el gremio Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ya convocó a paro y jornada de protesta para esta semana por la demora en la ejecución de la ley.
Los técnicos del Ejecutivo sostienen que corresponde al Congreso actuar para modificar el Presupuesto Nacional 2026, incluir las partidas necesarias e indicar la forma de financiamiento de ambos proyectos. Hasta entonces, ambas leyes están vigentes en el plano formal, pero en la práctica no entrarán en ejecución. Esta decisión abre un escenario de tensión entre el Gobierno, el Parlamento y los distintos sectores involucrados que reclaman la puesta en marcha inmediata de las normativas aprobadas.