Se han dado a conocer nuevas imágenes sobre la llegada del avión privado de la empresa Royal Class, perteneciente a Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi y con estrechos vínculos con el Gobierno. Estas imágenes podrían evidenciar la entrada al país de 10 valijas provenientes de Miami sin el control rutinario correspondiente. Este caso involucra a Laura Belén Arrieta, azafata y miembro de la CPAC, y tuvo lugar el 26 de febrero, lo que ha llevado a abrir una investigación sobre posibles irregularidades que sugieren un posible contrabando con complicidad estatal.
En el vuelo, que aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, viajaban Laura Belén Arrieta, azafata y gerente de operaciones corporativas de OCP TECH, junto a dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. El avión permaneció en el país hasta el 5 de marzo, cuando partió hacia París con la misma tripulación.
El 11 de marzo pasado, Carlos Pagni, en un editorial, indicó que Arrieta ingresó a la República Argentina con “numerosas” maletas y logró eludir los controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Aduana debido a que “existió una orden superior” que facilitó esta situación. Según el periodista, las autoridades aduaneras se encontraron en estado de alerta tras la desactivación de un control por órdenes de instancias superiores.
En respuesta a dichas acusaciones, el portavoz presidencial Manuel Adorni desmintió la existencia de una directiva que impidiera la inspección del equipaje: “El avión que aterrizó en Aeroparque fue objeto de todos los controles rutinarios antes de quedar en situación de tránsito. En el procedimiento intervinieron tanto la aduana como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo que hace implícitamente imposible que alguien haya sido observado con 10 maletas”, afirmó categóricamente el funcionario.
No obstante, el domingo, durante la emisión del programa ¿Y mañana qué? de TN, se difundió la información recopilada por la Justicia en los últimos meses: imágenes que evidencian que el avión llegó con 10 maletas, a pesar de que se habían declarado solo cinco, junto con una serie de irregularidades. La investigación fue iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que solicitó informes a Royal Class y a la Aduana, además de revisar videos del aeroparque y declaraciones de funcionarios de alto rango relacionados con el caso. En otras palabras, la empresa del grupo Clarín —en medio de un importante conflicto con el Gobierno de Javier Milei— tuvo acceso al informe de 60 páginas emitido por la Justicia.
Irregularidades en el caso
De acuerdo con la suposición de los fiscales, los pasajeros del avión privado no habrían realizado los controles de equipaje y solo habrían declarado la mitad de las maletas. Asimismo, se calcula que no se llevó a cabo un control constante de la aeronave mientras estuvo en el hangar de Aeroparque, y que tampoco fue registrado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
También se detectaron inconsistencias en los registros migratorios de tripulantes y pasajero, tanto en el vuelo de ingreso como en el de salida. Si bien se declaró que la aeronave provenía de Fort Lauderdale, en realidad había partido desde Opa-locka, ambas ubicadas en Miami. Una situación similar ocurrió el 5 de marzo: mientras que el registro oficial de Migraciones indicaba como destino Fort Lauderdale, el vuelo se dirigió a París, con una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias.
“CORRUPCIÓN”
Por estas imágenes que confirman que 10 valijas de un vuelo de Miami entraron al país sin control por autorización de Javier Milei.
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El informe de los fiscales
Se calcularía que otros pasajeros que accedieron al área deberían haber pasado por el control de equipaje. Sin embargo, el informe de los fiscales señala que: “Mientras el área no presentaba aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron guiados por el personal aduanero (…) sin pasar por los escáneres ni ser sometidos a la revisión de equipaje”.
“Esta discrepancia en el tratamiento es especialmente relevante, ya que no fue el resultado de una congestión ni de una saturación operativa que justificara un cambio en la dinámica de control (…). El desvío fue una decisión clara y directa del personal aduanero, tomada a pesar de la disponibilidad de recursos tecnológicos para realizar la inspección”, añadió el documento, informó TN.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal analizó las grabaciones del hangar y comentó: “Se presentan filmaciones parciales con huecos temporales que impiden observar o monitorear de manera continua el estado y la posición de la aeronave durante el período que abarca su ‘sellado’”. La empresa de Scatturice había afirmado que nadie ingresó al avión durante su estancia de ocho días en el hangar privado de Royal Class.
¿Quién es Leonardo Scatturice?
Anteriormente fue agente de Inteligencia y tuvo una experiencia en la Policía Federal, donde era conocido en el ámbito de los espías por su cercanía a la facción de Fernando Pocino, oponente de Antonio Stiuso. Actualmente reside en Estados Unidos, es proveedor del Estado en plataformas como Educ.Ar y Trenes Argentinos, y desde Washington dirige su consultora Tactic Global, la cual se especializa en lobby y cuenta con un miembro destacado en su equipo, Barry Bennett, exasesor de Trump.
El empresario es el propietario del Bombardier N18RU, que fue avistado en Buenos Aires con la publicidad de la empresa Royal Class. Esta aeronave fue almacenada en el hangar de Royal Class, empresa que emplea a Arrieta, lo que sugiere una posible relación con la empresa y con el caso. Junto a Arrieta, Scatturice tuvo un papel fundamental en la organización de eventos de CPAC fuera de Estados Unidos. El escándalo surgió apenas unos días después de la participación de Javier Milei en la CPAC de Washington, donde expresó su intención de alcanzar un acuerdo de libre comercio con Donald Trump.