La Fundación Pensar presenta una nueva edición de su informe mensual Pensar Argentina, bajo el título “Justicia para todos”, con un análisis crítico del rumbo institucional, político y económico del país a un año de la sanción de la Ley Bases.
El documento inicia con un comentario sobre el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena penal contra Cristina Fernández de Kirchner, reivindicando la igualdad ante la ley y el rol de la Justicia como pilar de la República. Desde allí, el informe presenta un detallado balance del primer año de la sanción de la Ley Bases y advierte sobre los riesgos de una gestión sin consensos, con avances parciales y retrocesos estructurales, que amenaza con volver a frustrar otra oportunidad de desarrollo en la Argentina.
La Fundación amarilla es clara en su diagnóstico: sin una justicia eficaz, sin estabilidad institucional, sin señales claras hacia el exterior y sin una educación que prepare a las nuevas generaciones para competir en el mundo, la Argentina corre el riesgo de volver a desperdiciar otra oportunidad. A un año de la Ley Bases, los datos son elocuentes: sólo 4 proyectos fueron aprobados bajo el RIGI, ninguna de las empresas públicas incluidas fue privatizada, el blanqueo laboral alcanzó apenas al 0,24% de los trabajadores informales, y el empleo formal continúa en retroceso mientras crecen los litigios.
La razón de fondo es que la estabilidad económica por sí sola no alcanza: sin una justicia creíble, sin reglas institucionales firmes, sin una política exterior inteligente y sin inversión real en el capital humano, ningún plan económico puede sostenerse ni escalar a una verdadera estrategia de desarrollo.
En su editorial, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza sintetiza esta idea con claridad: “El desafío no es sólo estabilizar. Es transformar la estabilización en desarrollo. Y para eso, hace falta mucho más que ajuste fiscal: hacen falta reglas, instituciones y consensos. Hasta ahora, todo eso ha sido deficitario.”
Por su parte, Silvia Lospennato, diputada nacional y vicepresidenta de Pensar, apunta directamente a la inestabilidad institucional como principal amenaza: “Los argentinos nos merecemos un cambio que no sea un péndulo oscilante con reformas que duran unos años y luego son revertidas por giros de 180 grados.”
En cuanto a la justicia, Martín Casares señala que “no puede seguir siendo la gran olvidada del desarrollo. Sin justicia, no hay confianza; y sin confianza, no hay desarrollo posible.” El coordinador del área de Justicia de la Fundación sostiene que, sin reglas claras ni justicia creíble, no hay inversión sostenible posible.
En el terreno internacional, Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del Pro, alerta sobre los efectos del aislamiento creciente del país y sostiene que “la política exterior no es un compartimento aislado: es el reflejo de nuestra capacidad para gobernarnos con madurez, previsibilidad y respeto.”
Finalmente, el legislador porteño Sergio Siciliano pone el foco en el deterioro del principal activo estratégico: las personas. Y advierte señala que “El futuro depende de si vamos a animarnos a invertir, por fin, en lo único que realmente importa: lo humano.”
El informe incluye también artículos de Mora Jozami, directora de Casa Tres; Daiana Fernández Molero, diputada nacional; y Andrés Ibarra, exministro de Modernización.
