Este jueves se puede destrabar en el Senado la Ley de Alquileres

Este jueves se puede destrabar en el Senado la Ley de Alquileres

El proyecto ya tiene media sanción de Diputados. Si se aprueba sin modificaciones, será ley.


El Senado sesionará este jueves para tratar tres temas, entre ellos, la nueva Ley de Alquileres y el proyecto de educación a distancia, que quedaron trabados la semana pasada por un conflicto entre el oficialismo y la oposición que continúa, debido a la decisión del Frente de Todos de abordar proyectos no relacionados con la pandemia.

La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a la sesión virtual para este jueves a las 14:00 con un temario que incluye, además, un proyecto del oficialista Oscar Parrilli para suspender la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un sistema creado por la gestión anterior.

La inclusión de ese proyecto abona la pelea que mantienen el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, debido a que la principal bancada opositora le reprocha al oficialismo no estar cumpliendo con el protocolo que se estableció para las sesiones virtuales.

El decreto parlamentario 008/20 firmado por Cristina Fernández tras un acuerdo entre las dos bloque principales estableció que «las sesiones virtuales o remotas tratarán sobre medidas específicas» dirigidas a «combatir el Covid-19, sus consecuencias y las que deriven de las medidas» preventivas.

Sin embargo, el oficialismo avanzó en la sesión de la semana pasada con el tratamiento de un decreto de la gestión de Mauricio Macri sobre las escuchas telefónicas, un tema ajeno a la pandemia, y a modo de respuesta la oposición bloqueó el tratamiento de la Ley de Alquileres y el proyecto sobre educación a distancia.

Ambas iniciativas requerían que los dos tercios de los presentes habilitaran su tratamiento por no haber transcurrido los siete días reglamentarios desde la firma de los dictámenes de comisión y, molestos con el oficialismo, los senadores opositores negaron su voto y se desconectaron de la sesión, impidiendo que se trataran.

Por ese motivo, los dos proyectos -que cuentan con consenso- se tratarán en la sesión de este jueves, ya sin la necesidad de reunir esa mayoría especial, pero la pelea por el acuerdo en torno al temario de las sesiones virtuales continúa y, de hecho, se agravó esta semana.

El pasado martes, en una reunión de comisión, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, anunció que a partir de ahora el oficialismo hará valer su mayoría par tratar los proyectos «que sean convenientes», lo que generó una fuerte discusión con sus pares opositores.

Horas después de esa pelea se publicó la convocatoria a la sesión de este jueves donde además de los proyectos que habían quedado pendientes se sumó la iniciativa de Parrilli, otro tema que no se encuadra en el protocolo establecido para las sesiones virtuales.

Si la oposición no podrá en esta oportunidad bloquear el tratamiento de ninguno de los tres proyectos porque ninguno necesita que se habilite el tratamiento sobre tablas con dos tercios, la bancada de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal volverán a criticar la metodología del oficialismo durante la sesión.

En este caso la discusión no pasará únicamente por la incorporación de un proyecto que no está relacionado con la emergencia sanitaria sino por el hecho de que, además, es una nueva estocada del Frente de Todos sobre la gestión pasada de Mauricio Macri.

El sistema de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) fue una iniciativa del gobierno de Macri para que los emprendedores pudieran registrar en menos de 24 horas y a través de internet una pequeña y mediana empresa, pero para el oficialismo esto favoreció la creación de sociedades «sin control del Estado».

Los proyectos sobre alquileres y educación a distancia ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados, por lo que serían convertidos en ley este jueves en caso de que el Senado los avale como está previsto.

Los cambios de la Ley de Alquileres

No hay diferencias entre los senadores respecto de los puntos principales de la nueva legislación para propietarios e inquilinos de inmuebles con destino a vivienda, como la extensión de los contratos a tres años.

El proyecto establece además que la actualización del valor del alquiler será anual y ya no semestral, como ocurre actualmente con la mayoría de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El aumento anual deberá hacerse sobre un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (RIPTE).

Por otra parte, la iniciativa establece que «los contratos de locación deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)», un punto importante porque evitará la firma de contratos «en negro».

La AFIP deberá definir el plazo y la forma de esta declaración, pero se trata de un punto central porque obligaría a los propietarios a «blanquear» el ingreso que perciben por el alquiler, algo que generó contrapuntos en anteriores ocasiones sobre el tema.

Además, al existir un registro legal de alquileres se acelerarán las posibilidades de desalojo de los «okupas», quienes suelen demorar el trámite judicial presentando supuestos contratos de alquiler -que luego resultan apócrifos- para argumentar que fueron estafados en su «buena fe».

El proyecto también amplía las garantías que podrá presentar el inquilino ante el locador, al contemplar tanto la garantía propietaria, como el seguro de caución, el aval bancario, la garantía de fianza o fiador solidario y el recibo de sueldo.

Por otra parte, se establece de modo taxativo que las expensas extraordinarias serán responsabilidad del propietario, quedando a cargo del inquilino solo las ordinarias, que incluyen los gastos habituales del edificio (salario del encargado, limpieza y otros conceptos).

La aclaración es importante debido a que es muy habitual que las expensas extraordinarias aparezcan en 0 y se carguen esos gastos sobre las ordinarias para que sean pagados por los inquilinos.

Además, se reduce el depósito de garantía a un monto equivalente a un mes de alquiler para tratar de evitar que se cobren dos meses o a veces más.

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