El Senado aprobó la suba del bono jubilatorio y la moratoria

El Senado aprobó la suba del bono jubilatorio y la moratoria

Fue tras una votación accidentada por un tablero roto.


En una sesión accidentada en el Senado que estuvo marcada por un tablero electrónico que falló y obligó a varios senadores a votar manualmente, la oposición logró este miércoles la media sanción para un paquete de medidas previsionales.

Se aprobó un aumento del 7,2 % en las jubilaciones, la suba del bono para quienes cobran el haber mínimo —que pasará de $70 000 a $110 000 y se actualizará por inflación—, y la restauración de la moratoria previsional por dos años, destinada a quienes no completen los 30 años de aportes

La extensión de la moratoria previsional -caída desde marzo- por dos años más obtuvo 39 votos a favor, 14 negativos y 1 abstención. Además de UP, votaron a favor de esa norma el correntino Carlos “Camau” Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia.

Los legisladores opositores consiguieron la aprobación en general del proyecto que incrementa las jubilaciones. La votación resultó con 52 positivos, 0 rechazos y 4 abstenciones la votación en general. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) se fue del recinto y estuvo ausente cuando se sometió a votación el proyecto.

Entre los apoyos sorpresivos estuvieron legisladores tucumanos e incluso algunos diputados radicales y del Pro, destacándose la fragilidad interna del oficialismo .

El debate fue interrumpido cuando el fallo del tablero obligó a recurrir a conteos manuales, generando una sesión desprolija que retrasó el tratamiento de otros temas. Aun así, el proyecto siguió su curso, aunque pasará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará bloquearlo o modificarlo .

El Ejecutivo ya había advertido que vetaría cualquier iniciativa que atente contra su objetivo de déficit cero. El presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete Guillermo Francos reafirmaron su intención de vetar la ley si el Senado la aprueba, alegando su elevado impacto fiscal —calculado en hasta US$12 000 millones o cerca del 1,8 % del PBI

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