Y continuaron: “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad. Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin ‘facilitar’ la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional. La votación se realizó de madrugada, sin transparencia y tratando un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a Extraordinarias, violando el artículo 63 de la Constitución Nacional”.
El partido amarillo reiteró que judicializará las presentaciones y aseguró que hay un acuerdo entre el oficialismo y el kirchernismo por los nombramientos.
Todo escaló después de la designación de Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, la exdiputada vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz. La intención original es que los siete auditores que son designados por el Congreso -3 por Diputados y 4 por el Senado- asuman en un acto conjunto. Sin embargo, la disputa entre el PRO y LLA por estas designaciones aceleró los plazos.
El partido que conduce Mauricio Macri denunció en el recinto de Diputados que los libertarios no habían cumplido sus compromisos en las designaciones de la AGN y que iba a ir a la Justicia para frenarlo.
Justamente, en el comunicado remarcaron: “No íbamos a legitimar una votación inconstitucional. Dicho por abogados constitucionalistas, permanecer en las bancas, aun votando en contra, hubiera implicado legitimar con nuestra presencia un acto viciado de nulidad absoluta que, reiteramos, numéricamente ya estaba resuelto por el acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo“.
“Presentamos una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del acto. La prueba más clara de nuestra oposición es que el presidente de nuestro bloque, Cristian Ritondo, ya presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad de lo votado. El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”, completaron.
Según el documento de 29 páginas presentado por Ritondo a la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, la moción en Diputados que derivó en la designación de los auditores “se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.
